Hospital Mental Universitario de Risaralda limita atención para afiliados de Nueva EPS por deuda millonaria

El Hospital Mental Universitario de Risaralda (Homeris) ha anunciado una restricción parcial de los servicios programados para afiliados de la Nueva EPS, debido al incumplimiento en los giros correspondientes a la atención prestada en los últimos meses. La medida, oficializada el 9 de octubre, responde a una cartera que supera los $420 millones.

Según el gerente encargado, Javier Alejandro Gaviria Murillo, Homeris factura mensualmente cerca de $210 millones a la Nueva EPS. Sin embargo, en los meses de julio y agosto no recibió pagos, y en septiembre sólo se giraron $138 millones, generando así un déficit acumulado que amenaza la viabilidad financiera del hospital.

Aunque la restricción no supone una suspensión total, el hospital ha decidido limitar las atenciones programadas hasta que se logre un acuerdo de pago. Los casos de urgencia vital y riesgo inminente seguirán siendo atendidos con prioridad, como obligación del servicio de salud.

Consecuencias y riesgos para la atención en salud mental

Risaralda cuenta con pocas instituciones especializadas en salud mental. Con la restricción, podrían saturarse los centros privados y aumentar los tiempos de espera, afectando pacientes con trastornos mentales graves o crónicos que necesitan continuidad terapéutica.
La medida también amenaza servicios de urgencias psiquiátricas, pues la falta de cupos puede generar descompensaciones y hospitalizaciones involuntarias.

¿Qué medidas se están planteando para garantizar la atención?

• El hospital solicitó la intervención de la Secretaría de Salud Departamental y del Ministerio de Salud para abrir una mesa de conciliación con la Nueva EPS, con el fin de establecer un cronograma de pagos que permita reactivar gradualmente los servicios restringidos.
  
• Mientras no llegue una solución financiera, se priorizarán servicios de carácter urgente y de riesgo vital, manteniendo la atención humanitaria.
  
• Expertos y fuentes del sector plantean la necesidad de mecanismos regulatorios que sancionen los incumplimientos financieros de las EPS, como fondos de garantía de pago o giros directos más ágiles, especialmente para servicios críticos como salud mental.

Este caso evidencia cómo el atraso sistemático en pagos por parte de las EPS no solo afecta la sostenibilidad financiera de los hospitales públicos, sino que también pone en riesgo el acceso oportuno y continuo a servicios esenciales de salud mental. Si no se ajustan los flujos financieros, podría desencadenarse una crisis de cobertura en esta área.

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