COLOMBIA Y LA INDOLENCIA DE LA GUERRA

Por Jonathan Fabián Guzmán
Sus ojos, entre sollozos, anhelaban solo una cosa: un milagro, de esos que solo se atraviesan en medio de las casualidades del universo o por el movimiento de aquellas fuerzas desconocidas que, para el escepticismo, hacen que ocurra lo incurable. Y eso fue lo que pasó: 8:30 p.m., Miguel Uribe Turbay seguía vivo.

BOGOTÁ, SÁBADO 7 DE JUNIO DE 2025, EL DÍA QUE LO CAMBIÓ TODO

Las recurrentes noticias de violencia doméstica circulaban por las redes sociales y los canales de televisión nacional. En Bogotá, un hombre de 37 años (que trabajaba en el sector de la salud) salía de televisión mostrando las heridas que le había ocasionado su expareja y que casi le causan la muerte. El INL seguía su oleada de terror en municipios como El Tarra, Saravena y Arauca. A nivel político, el debate de la Reforma Laboral tenía los ánimos caldeados en medio país. En la discusión, las disputas y agresiones verbales venían de uno y otro lado; los gremios vitoreaban el fin de la economía nacional mientras los centrales obreras hablaban de la dinamización de los mercados por el aumento del capital que las bolsas del mercado local, gracias a las gabelas que se estaban jugando en el recinto del Congreso. Todo esto sucedía mientras, en paralelo, el Golfo de Bogotá, en medio de un mitin político en el que Luis Alfredo Turbay, senador de la integridad del Miguel Uribe Turbay, senador del partido de oposición Centro Democrático y precandidato presidencial tomaba el micrófono. Este speech marcó un punto de inflexión en el país que reflejó frente a cómo el presidente de la República establecía la manera de seguridad del país.

No solo por la línea de fuego que se extendía en torno a las falencias de los esquemas de seguridad de la oposición, sino también por el renovado apoyo al margen de ley en Colombia.

“EL PAÍS ESTABA SUMERGIÉNDOSE EN LA GUERRA NUEVAMENTE”; Y LA SEGUNDA, AÚN MÁS DESCONCERTANTE: “LA GUERRA SE ESTABA TOMANDO LAS CIUDADES DE NUEVO”

Esto se evidenció días después gracias a las investigaciones de la Fiscalía, que mostraron un panorama desalentador en torno a la seguridad nacional y el orden de las realidades humanas. “En tan solo un mes, el país estaba sumergiéndose en la guerra nuevamente”; y la segunda, aún más desconcertante: “la guerra se estaba tomando las ciudades de nuevo”.

Según cifras de la Corporación Paz y Reconciliación y el informe anual sobre la paz titulado “La paz, ¿cómo vamos?”, en Colombia la violencia ha aumentado un 45 % con respecto al periodo anterior al año anterior. La investigación también reveló un crecimiento de carácter inédito y casi nunca coincidente en municipios por el impacto del conflicto armado, así como en informes de prensa y comunicados de entidades al margen de la ley. En los últimos tres meses, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo han contabilizado 603 eventos violentos relacionados con el conflicto armado en el territorio nacional.

De acuerdo con lo expresado en el informe y su presentación a medios nacionales, Lina María Torres prevé que al cierre del 2025 rondará aproximadamente los 1.200 eventos violentos, superando las cifras del 2023 y del 2024, que estuvieron sobre los 1.000 eventos.

Esta cifra evidencia el conflicto en Colombia día a día y el cruel giro que la guerra ha hecho sobre las ciudades. En el escenario político y social de los grupos armados ilegales, las declaraciones son desalentadoras: “Lo que buscan es promover su poder en regiones donde ya mostraron su debilidad ante su desmovilización.”
Esto se puede entender desde la falta de negociaciones presentes o futuras, pues el mandatario actual pretende implementar un discurso y fortalecer las políticas del gobierno, cuyo base económica se centra en acuerdos fiscales. El balance es simple: el país está de baja bajo la sombra de un megaproblema: ‘Colombia’.


“EL 90 % DE LOS PLANTONES EN BOLÍVAR FUERON POR PROMESAS INCUMPLIDAS”

En concordancia con esto, los atentados en las ciudades los publicitan y presentan como parte de su lucha por la libertad, como acciones de alto impacto por la patria.

Autores como Gonzalo Sánchez, Medina Gallego y Ferro y Uribe, en textos como El orden de la guerra, nos adentran en el mundo de las milicias urbanas y explican cómo estos grupos no son solo “pandillas con ideología”, sino instrumentos planificados de guerra irregular. Operan bajo lógicas de guerra prolongada, buscando desgastar al Estado en lo físico y lo moral, y hacen parte de la táctica de “dualidad de poder” que algunas guerrillas han intentado establecer en los territorios. Esta es la génesis del atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Para Hernando Espeleta, experto en seguridad ciudadana, el conflicto se ha agudizado en los últimos años debido al debilitamiento de la Fuerza Pública. Una muestra de ello es la disminución del presupuesto nacional asignado a la cartera de defensa en los últimos tres años, así como la falta de presencia en territorios estratégicos del Estado. Según Espeleta, el Gobierno ha sido laxo con los grupos al margen de la ley y la llamada “paz total” ha fallado porque no se ha centrado en la búsqueda, captura y judicialización de los actores armados, sino en la búsqueda de un “diálogo” que no tiene claros del presidente de la República.

¿Y QUÉ HA PASADO CON LAS VÍCTIMAS?

Según la población de víctimas de Bolívar, se refleja en el eje que “el 90 % de los plantones, marchas y bloqueos desarrollados en 2024 han sido por promesas incumplidas de reparación colectiva a través del Gobierno Nacional con la Gobernación de Bolívar”.

El Gobierno Nacional no ha permitido una reparación ni un acompañamiento desde la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad para las Víctimas, con quienes se trabaja de manera coordinada en bases concretas. Por ejemplo, las jornadas de atención en corredores —incluidas las del próximo año—, la construcción del plan de reparación colectiva a través de mesas de víctimas.

Hemos logrado fortalecer la coordinación con la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad para las Víctimas y, aunque no ha sido del todo fácil, debemos reconocer que sí ha habido avances y muchas otras acciones que hemos podido desarrollar de manera conjunta. Además, vale la pena resaltar los esfuerzos recientes con la Unidad para las Víctimas —en particular con la Dirección Territorial Bolívar y Magdalena, al cabeza de Lidy Ramírez— que han sido muy positivos. Si bien el dinamismo articulado es relativamente reciente y aún tenemos forjar ejecutar todas las acciones o planes con la amplitud que quisiéramos, sí vemos una clara voluntad de trabajo conjunto,” comenta Sanes.

En una corriente política distinta, pero con una perspectiva cercana frente a las víctimas, el integrante de la delegación de paz de las extintas FARC-EP y hoy representante a la Cámara, Luis Alberto Albán, narra cómo, a pesar de estar de acuerdo con los procesos de paz y con las políticas del presidente de la República, cree que hay fallas en el sistema de ayuda y reparación a las víctimas, en parte por el abandono histórico que éstas han tenido, así como por la lentitud del aparato ejecutivo colombiano.

La guerra ha sido un cáncer que ha carcomido a la sociedad colombiana desde sus inicios. Ha dejado miles de muertos en toda su historia y, si bien el presidente de la República no ha sido promotor de ella, sino un gestor de paz, su apuesta por la paz y su visión humanista de la sociedad han generado que el territorio nacional abra caminos para el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, volviéndolo vulnerable al Estado. Es importante que el presidente se plantee en estos últimos 365 días si seguirá el camino que ha construido, o endurecerá su accionar frente a los grupos armados, o si dejará que Colombia se sumerja en la insolencia de la guerra.


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