JEP sancionará a 12 exmilitares por ejecuciones extrajudiciales

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia se apresta a emitir su primera sanción propia, según cronograma establecido entre el 24 y 25 de julio en Valledupar, en el marco del Subcaso Costa Caribe del Caso 03. Este proceso judicial involucra a 12 exmilitares del Batallón de Artillería No. 2 «La Popa», acusados de ejecuciones extrajudiciales —conocidas como “falsos positivos”— cometidas entre 2002 y 2005 en los departamentos del Cesar y La Guajira.

Los antiguos miembros del batallón habrían ejecutado y desaparecido a 135 civiles inocentes, presentándolos como bajas en combate. Ahora, la JEP evaluará si cumplieron con los requisitos de verdad plena, reparación, garantías de no repetición y propuestas restaurativas, tal como lo exige el sistema de justicia transicional.

El proceso estará presidido por la magistrada Ana Manuela Ochoa, líder del Subcaso Costa Caribe, quien en recientes meses ha acompañado dos encuentros preparatorios: uno con las víctimas y otro con los comparecientes. En estas sesiones se definieron las condiciones de participación, así como los proyectos para la construcción de memoria y reparación colectiva.

Durante la próxima audiencia pública, las autoridades verificarán si los imputados han presentado aportes sustanciales al esclarecimiento de los hechos y si las iniciativas de reparación son viables. Entre estas figuras restaurativas figuran un memorial en Valledupar, osarios dignos para las víctimas, y la creación de espacios culturales y productivos con enfoque comunitario para los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa.

Esta sanción será un hito histórico: por primera vez la JEP impondrá una sanción propia a agentes del Estado por crímenes de lesa humanidad, producto de un patrón macrocriminal que involucró altos rangos de la Fuerza Pública. A diferencia de la justicia ordinaria, aquí no se imponen penas privativas de libertad, sino una combinación de medidas restaurativas y restricciones de derechos, sujetas al monitoreo de la ONU y la participación de diversas entidades públicas.

El desenlace de este proceso no solo tendrá implicaciones legales para los imputados sino también un fuerte impacto simbólico en la sociedad. Refiere la capacidad del país para enfrentar crímenes de Estado y reconstruir la confianza en el sistema judicial con un enfoque basado en verdad, reparación y no repetición.