Radican proyecto clave de paz total y sometimiento en el congreso 

El Ministerio de Justicia liderado por Eduardo Montealegre presentó formalmente ante el Congreso el proyecto de ley que busca instaurar el marco jurídico para avanzar hacia la denominada “Paz Total” en Colombia. La iniciativa fue radicada pocas horas después de la apertura de la nueva legislatura, en un acto celebrado en el Capitolio que contó con la presencia de congresistas de distintas bancadas.

El proyecto propone un sistema mixto de justicia transicional, que abarca tanto a grupos guerrilleros reconocidos por su motivación política —como el ELN o las disidencias de las antiguas FARC— como a organizaciones criminales sin vocación política —incluyendo el Clan del Golfo y bandas urbanas que operan en Medellín, Buenaventura y Quibdó—. Para estos últimos, se plantea un mecanismo de sometimiento a la justicia que condonaría parte de las penas, permitiendo beneficios bajo condiciones estrictas: desarme, entrega de bienes, aportes a la verdad y reparación a las víctimas.

Entre los aspectos más controvertidos destacan las rebajas de sanciones: para cabecillas, penas que oscilan entre cinco y ocho años tras cumplir compromisos judiciales; para miembros rasos, penas de dos a cinco años. En adelante, quienes se acojan a este régimen podrían conservar hasta un 12 % de sus bienes entregados, como incentivo para fomentar la colaboración, lo que ha generado debate entre analistas y líderes del sector judicial.

El texto también incluye un tratamiento especial para jóvenes vinculados a protestas sociales, con reducciones de penas de hasta 70 % en casos de justicia restaurativa. Según el Ministerio de Justicia, el proyecto no busca impunidad, sino “herramientas para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, y contempla “mínimos de pena privativa de la libertad”.

Ahora el proyecto deberá ser debatido en el Congreso durante este periodo legislativo, en un contexto de tensión política y resistencia de sectores conservadores que lo consideran una rendición del Estado ante el crimen organizado. Para avanzar, requerirá al menos cuatro debates en ambas cámaras y vencer objeciones de opositores que alertan sobre riesgos éticos y judiciales.

Esta iniciativa representa el máximo intento del gobierno de Gustavo Petro por ofrecer una salida jurídica y estructurada a la violencia de grupos ilegales durante su último año en el poder. El reto será lograr que el Congreso acepte un régimen que, según el Ejecutivo, busca cerrar ciclos conflictivos sin renunciar al castigo, a cambio de verdad, reparación y garantías para las víctimas.