El Aguardiente Amarillo ya se puede vender en Bogotá y Cundinamarca

Después de dos años de restricciones y una intensa disputa legal, el Aguardiente Amarillo de Manzanares podrá volver a venderse legalmente en Bogotá y Cundinamarca. Así lo establece la Resolución No. 00000793, expedida el 5 de junio por la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, que autoriza su comercialización por los próximos diez años.

El regreso del aguardiente se da luego de que la Corte Constitucional declarara inconstitucionales las barreras impuestas por los departamentos a la distribución de licores provenientes de otras regiones, en un fallo emitido el 4 de febrero. La decisión judicial representa un giro en el modelo de monopolios de licores en Colombia y refuerza el principio de libre competencia.

El Aguardiente Amarillo tiene una alta demanda en Bogotá, una ciudad que concentra uno de los mercados de licor más importantes del país, con un consumo estimado de 15 millones de botellas al año. Su salida del mercado en 2023 generó afectaciones tanto para productores como para comerciantes y consumidores.

Más allá del impacto comercial, el caso abrió una discusión de fondo sobre el conflicto entre la autonomía fiscal de los departamentos y la libertad económica garantizada por la Constitución. Aunque las regiones pueden gestionar la producción y distribución de licores como fuente de financiamiento para sectores como salud y deporte, la Corte advirtió que esta facultad no puede traducirse en prácticas restrictivas frente a productos externos.

Actualmente, Bogotá no cuenta con una empresa licorera propia y depende de la Empresa de Licores de Cundinamarca. A pesar de generar un alto volumen de consumo, solo recibe el 10,5 % de los ingresos recaudados por ese concepto en su territorio. De ese porcentaje, el 88 % se destina al sector salud y el 12 % al deporte, según la Ley 1816 de 2016.
La medida fue bien recibida por comerciantes y ciudadanos, pero también ha reavivado reclamos por una mayor equidad fiscal. El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, celebró la decisión judicial, aunque cuestionó la distribución actual de recursos:

“Bogotá solo recibe el 10,5 % de lo que se genera por el consumo de estos licores y no tiene participación en la Junta Directiva de la Empresa de Licores de Cundinamarca. Esto es un abuso con Bogotá”, afirmó.