Ministro de Defensa celebra liberación de Lyan Hortúa: “Una victoria de todos
Después de 18 días de cautiverio, el niño Lyan José Hortúa, de 11 años, fue liberado en la tarde del miércoles 21 de mayo en una zona rural del Valle del Cauca. La Defensoría del Pueblo confirmó que el menor fue entregado a una comisión humanitaria y se encuentra en buen estado de salud, aunque será sometido a exámenes médicos para garantizar su bienestar.
El secuestro ocurrió el 3 de mayo en el corregimiento de Potrerito, Jamundí, cuando hombres armados irrumpieron en la vivienda de la familia Hortúa y se llevaron al menor junto a una empleada doméstica, quien fue liberada horas después. Las autoridades atribuyen el rapto al frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, con fines extorsivos hacia los padres del niño, propietarios de joyerías.
La liberación se logró gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y la presión de organismos internacionales, como la ONU, que exigieron la liberación inmediata del menor. El presidente Gustavo Petro también se pronunció, calificando el secuestro como un acto de esclavitud y demandando su liberación sin condiciones.
La madre de Lyan, Angie Bonilla, expresó su alivio y gratitud, describiendo la experiencia como «una pesadilla» y calificando la liberación de su hijo como «un milagro de Dios». El padrastro del menor reveló que Lyan estuvo amarrado durante cuatro días, lo que ha sido especialmente doloroso para la familia.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró la liberación, destacando la labor humanitaria de la Defensoría del Pueblo y el trabajo de las fuerzas de seguridad. La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, agradeció el apoyo de la comunidad y reafirmó el compromiso del municipio en la lucha contra la violencia.
Las autoridades continúan las investigaciones para dar con los responsables del secuestro y han anunciado que se agilizarán las órdenes de captura contra los integrantes del frente Jaime Martínez. El caso de Lyan Hortúa ha generado un amplio rechazo en Colombia y ha reavivado el debate sobre la protección de los derechos de los niños en zonas afectadas por el conflicto armado.



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