Petro denuncia que hay un complot para asesinarlo

Durante la tercera sesión de la Comisión Intersectorial Nacional de Reforma Agraria, el presidente Gustavo Petro lanzó una de sus advertencias más graves hasta la fecha: aseguró que existe un plan para asesinarlo, supuestamente promovido por grupos armados, narcotraficantes y algunos funcionarios del Estado. “A mí me traicionan funcionarios del Gobierno a cada rato y terriblemente, puñaladas al fondo para matarme, y me quieren matar”, afirmó el mandatario, mientras insistía en la necesidad de una presión social sostenida para lograr que las reformas progresen.

El presidente detalló que esta amenaza proviene, según él, de una alianza entre la llamada “junta del narcotráfico”, un sector del ELN, el Clan del Golfo y funcionarios elegidos popularmente en algunas regiones. Todos ellos, afirmó, tendrían el objetivo de “tumbar” al presidente o eliminarlo físicamente, debido a las políticas de redistribución de tierras que afectan intereses económicos muy poderosos, tanto legales como ilegales. Petro enmarcó estas amenazas dentro del contexto de su reforma agraria, que busca entregar tierras a los campesinos en un proceso de transformación estructural del campo colombiano.

En su discurso, el presidente también expresó preocupación por el rumbo que podría tomar el país en las elecciones presidenciales de 2026. Hizo un llamado al pueblo colombiano a no elegir “a un gobernante de derecha con ganas de sangre”, advirtiendo que un cambio de rumbo podría significar un regreso a épocas de violencia estatal como los “falsos positivos”. Esta declaración refuerza su narrativa de que el proyecto progresista que lidera está bajo constante asedio tanto desde dentro como fuera del Gobierno.

¿Realidad o estrategia por parte de presidente Petro?

La intervención del presidente, sin embargo, ha generado diversas reacciones. Mientras algunos de sus seguidores consideran que estas declaraciones reflejan el nivel de riesgo al que se enfrenta por desafiar estructuras de poder consolidadas, críticos advierten que su retórica puede resultar polarizante y que las denuncias de traición interna podrían minar la cohesión del Ejecutivo en momentos clave para la implementación de sus reformas.

La gravedad de las acusaciones obliga a que se aclaren con pruebas concretas. La mención de actores armados y de funcionarios públicos en un supuesto complot contra el jefe de Estado debe ser investigada institucionalmente, no solo discutida en espacios políticos. Además, si bien el presidente busca movilizar a la ciudadanía en defensa de su agenda de transformación, el riesgo es que declaraciones de este tipo generen desconfianza interna y externa, y eleven aún más la tensión en un país históricamente afectado por la violencia política.

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