Procuraduría defiende decreto de conmoción interior para el Catatumbo

La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en el que solicita a la Corte Constitucional que valide el decreto de conmoción interior adoptado por el Gobierno para enfrentar la crisis de seguridad y derechos humanos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Según la entidad, las medidas tomadas se ajustan a la Constitución y son necesarias debido a la creciente violencia en el territorio.

En su intervención, el Ministerio Público destacó que la escalada de violencia, que comenzó a mediados de enero de 2025, sigue afectando gravemente a la población civil, con más de 58,000 desplazados y un aumento en los homicidios. La Procuraduría también subrayó que, aunque el estado de excepción es una medida extraordinaria, se justifica por la persistente amenaza que enfrentan los habitantes del Catatumbo.

El decreto, que establece un estado de excepción temporal de 90 días, fue aprobado con el objetivo de recuperar el control en una región marcada por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La Procuraduría enfatizó que las medidas son proporcionales y buscan resolver una crisis humanitaria que ha alcanzado dimensiones alarmantes, afectando tanto a los civiles como a los excombatientes del proceso de paz.

El informe también señala que la implementación de este decreto es clave para garantizar la seguridad de los desplazados y facilitar su retorno a las zonas de origen. A pesar de las críticas a la medida, el organismo sostuvo que no se ha violado la Constitución, ya que las acciones están dirigidas a mitigar la crisis inmediata y recuperar el orden público en el Catatumbo.