Admiten demanda contra decreto que regula competencias indígenas

La Corte Constitucional ha admitido la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra el artículo 2(H) del Decreto Ley 1094 de 2024, conocido como Decreto ATEA. Este decreto fue firmado por el Gobierno Nacional con el objetivo de garantizar la autonomía de las comunidades indígenas, permitiéndoles gestionar aspectos relacionados con el manejo ambiental, territorial y económico en sus regiones.

El Decreto ATEA establece un marco normativo para la Autoridad Territorial Económica y Ambiental del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y regula las competencias en sus territorios, basándose en los principios de autonomía y autodeterminación. Reconociendo a las comunidades indígenas como actores fundamentales en la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible, el decreto respeta su cosmovisión y prácticas culturales. Sin embargo, ha generado preocupaciones sobre cómo se coordinarán estas competencias con el sistema jurídico colombiano, particularmente respecto a la supremacía constitucional y la unidad del Estado.

La Fundación para el Estado de Derecho considera que el artículo 2(H) del Decreto ATEA, que establece que las normas referidas “prevalecerán y harán parte del bloque jurídico intercultural de constitucionalidad”, fragmenta injustificadamente el sistema jurídico nacional, debilitando la supremacía constitucional. Este principio de pluralismo jurídico, reconocido por la Constitución, busca la coexistencia de diferentes sistemas normativos, como los de los pueblos indígenas, dentro del mismo Estado. Sin embargo, cuando una norma indígena puede interpretarse como prevalente sobre el ordenamiento jurídico general, se plantea un desafío para la cohesión del Estado.

La Corte Constitucional ha reconocido que los argumentos presentados por FEDe. Colombia cumplen con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, lo que abre un importante debate constitucional de alta complejidad y sensibilidad. Con esta demanda, la Fundación busca la defensa de valores fundamentales como la supremacía constitucional, la unidad del Estado, el respeto a la diversidad cultural y la democracia participativa.

Desde FEDe. Colombia se celebró que la Corte haya abierto este espacio de deliberación, lo que permitirá establecer criterios claros sobre el alcance del pluralismo jurídico en Colombia. Este paso no solo refuerza la posibilidad del control constitucional, sino que también hace posible la eventual protección de los derechos de todas las personas dentro de una república unitaria que garantice igualdad y seguridad jurídica.

La Fundación continuará trabajando en defensa de un Estado de Derecho inclusivo, pluralista y fundamentado en la Constitución, convencida de que el diálogo entre diferentes actores puede conducir a soluciones justas y sostenibles para todos los colombianos.