Demanda a la SAE por ineficiencia en recuperación de bienes

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) enfrenta una demanda aceptada por el Tribunal de Cundinamarca, que critica su presunta incompetencia en la recuperación de bienes ocupados ilegalmente y su ineficiente gestión de contratos de arrendamiento.

La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) interpuso la acción legal, argumentando que la SAE tiene bajo su control más de 16.600 propiedades ocupadas de manera irregular.

Según la FEDe, esta inacción ha llevado al deterioro de los bienes y ha ocasionado pérdidas económicas significativas para el patrimonio público. La fundación enfatizó que, a pesar de que la SAE cuenta con un presupuesto de $12.000 millones para el año 2024 y personal capacitado, estos recursos no se han utilizado de manera eficaz.

Uno de los casos destacados en la demanda es el de la Hacienda Santa Helena, en Caucasia, invadida por varias familias. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales y la creación de un Puesto de Mando Unificado para abordar la situación, la SAE decidió desistirse del proceso de recuperación, lo que ha generado críticas, incluso por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

La gestión de los contratos de arrendamiento también es objeto de la demanda, que señala una disminución en el recaudo y un aumento en la cartera morosa. Auditorías de la Contraloría han revelado irregularidades en los estados financieros del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), administrado por la SAE.

Además, se han encontrado problemas en la supervisión de los depositarios, quienes deben administrar los bienes recuperados. Muchos de ellos no han cumplido con las obligaciones de pago de impuestos y servicios públicos, y algunos han utilizado estos activos para fines personales. La falta de seguimiento por parte de la SAE ha puesto en riesgo la adecuada gestión de estos bienes.

Con esta demanda, la FEDe busca asegurar que se protejan los derechos de las víctimas del narcotráfico y que los activos recuperados sean manejados de manera eficiente y transparente.