Recursos para la sustitución de cultivos están bajo la lupa de la Contraloría por pagos sin sustento técnico

La Contraloría General de la República encendió nuevas alertas fiscales tras detectar irregularidades millonarias en dos programas estratégicos del Estado. Los hallazgos se concentran en contratos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y en el plan Caminos Comunitarios de la Paz Total, dos iniciativas ligadas a desarrollo rural y construcción de paz.

Las observaciones se producen en un momento de fuerte presión sobre las finanzas públicas, marcado por el hundimiento de la reforma tributaria y los ajustes que evalúa el Gobierno para sostener el gasto estatal en 2026.

Sobrepago en contratos del PNIS

En el caso del PNIS, la Contraloría identificó un sobrepago por $1.618 millones en contratos de interventoría. Según la auditoría, los recursos se giraron sin que existiera correspondencia entre los pagos realizados y el avance real de las actividades supervisadas.

El organismo de control concluyó que se autorizaron desembolsos sin soportes técnicos suficientes. También evidenció debilidades en la verificación de informes y en el seguimiento contractual. Estas falencias, señaló la entidad, afectan la eficiencia del gasto público y ponen en riesgo la ejecución de un programa clave para la sustitución de cultivos ilícitos.

Los hallazgos dieron lugar a la apertura de actuaciones fiscales y al traslado de la información a las instancias competentes para las investigaciones correspondientes.

Otra alerta de la Contraloría

La segunda alerta se concentró en el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Allí, la Contraloría reportó 48 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $1.513 millones, detectados en 192 convenios interadministrativos suscritos principalmente con Juntas de Acción Comunal.

Las irregularidades se identificaron en siete departamentos del país e incluyen problemas de planeación, pagos sin respaldo técnico, inconsistencias entre lo contratado y lo ejecutado, y fallas en la supervisión de las obras.

De acuerdo con el informe, estas deficiencias comprometen la correcta ejecución de recursos públicos destinados a mejorar la infraestructura vial rural. Además, revelan debilidades estructurales en la gestión y control de los convenios.

Un llamado a mayor control del gasto público

Con estos hallazgos, la Contraloría reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y control, en especial en programas de alto impacto social. La entidad subrayó que, en un contexto de estrechez fiscal, cada peso del presupuesto debe ejecutarse con criterios de eficiencia, transparencia y rigor técnico.

Las investigaciones continúan en curso y podrían derivar en responsabilidades fiscales y disciplinarias, mientras las entidades involucradas deberán responder por las observaciones formuladas.

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