Oposición radica proyecto de ley para limitar alcance de la JEP y endurecer sus condiciones

Los partidos Centro Democrático y Cambio Radical presentaron una iniciativa en el Congreso que busca modificar varios artículos transitorios de la Constitución relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El proyecto de acto legislativo, liderado por la senadora Paloma Valencia y el representante José Jaime Uscátegui, tiene como propósito restringir el alcance de la JEP, imponer mayores exigencias a los comparecientes y establecer controles adicionales sobre sus decisiones.

Cambios propuestos en el funcionamiento de la JEP

La iniciativa plantea modificaciones de fondo en la justicia transicional:

• Restricción de competencias: la JEP no podría investigar ni juzgar casos relacionados con paramilitares, los cuales quedarían en la jurisdicción de Justicia y Paz.

• Verdad plena obligatoria: los comparecientes deberán entregar información detallada y exhaustiva. Quienes presenten datos falsos perderán sus beneficios judiciales.

• Conteo de víctimas: las decisiones deberán basarse únicamente en pruebas acreditadas, prohibiéndose aproximaciones estadísticas.

• Garantías judiciales: en procesos adversariales se reforzarán derechos como la presunción de inocencia y la doble instancia.

Régimen especial para la Fuerza Pública

El proyecto también contempla un tratamiento diferenciado para los militares y policías:

• Revisión de sentencias: las condenas de la JEP contra uniformados podrían ser revisadas por la Justicia Penal Militar o mediante recurso de casación en la Corte Suprema.

• Concepto de la Justicia Penal Militar: deberá emitirse en las investigaciones que involucren a la Fuerza Pública, aunque no será vinculante.

• Sanciones y reclusión: las condenas de prisión se cumplirían en centros carcelarios propios de la Fuerza Pública, por un máximo de cinco años, antes de pasar al componente restaurativo.

Tutela contra decisiones de la JEP

Otro punto central del proyecto es la ampliación de la acción de tutela contra providencias judiciales de la JEP, que pasaría a ser resuelta en primera instancia por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz y en segunda por la Sala Penal de la Corte Suprema, desplazando así la competencia de la Corte Constitucional.

Con esta iniciativa, la oposición busca replantear el modelo de justicia transicional pactado en el Acuerdo de Paz, endureciendo los requisitos y limitando el alcance de la JEP.

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