Justicia sentenció a responsables de crímenes contra activistas LGBT+

La justicia colombiana logró sentencias condenatorias contra tres hombres responsables de la muerte de dos reconocidos activistas de la comunidad LGBT+ en el departamento de Antioquia. Los crímenes ocurrieron en los municipios de Medellín y Caldas, y generaron una fuerte reacción de rechazo por parte de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Los procesados aceptaron su responsabilidad a través de preacuerdos con la Fiscalía, lo que permitió avanzar en la judicialización. Las penas impuestas oscilan entre 12 y 16 años de prisión, dependiendo del grado de participación de cada uno en los hechos.

El primer caso corresponde al homicidio de Mateo Jaramillo Naranjo, docente universitario y defensor de los derechos LGBT+, quien fue asesinado el 17 de enero de 2025 en su apartamento en el sector Laureles de Medellín. La investigación reveló que Daniel González Cano y Yoimar Blandón Córdoba ingresaron a la vivienda, lo inmovilizaron, lo golpearon y lo asfixiaron. Tras el crimen, sustrajeron objetos personales y realizaron compras con sus tarjetas bancarias. Aunque inicialmente también fueron señalados por hurto, este cargo no fue incluido en el preacuerdo.

El segundo caso tuvo lugar el 20 de octubre de 2024 en Caldas, donde Diego Alexander Becerra Rave fue encontrado culpable del asesinato de Karis Saldarriaga, reconocida lideresa trans. Según la Fiscalía, tras un encuentro en su residencia, se generó una discusión que culminó con el ataque con arma blanca. Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades al escuchar los gritos.

Ambos casos fueron investigados por la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, que mantiene abiertas otras líneas indagatorias relacionadas con delitos conexos.

Estos crímenes se suman a un contexto preocupante: solo en los primeros cinco meses de 2025, se han registrado al menos 43 asesinatos de personas LGBT+ en Colombia, según datos de la red Sin Violencia. Las organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo respuestas estructurales y protección efectiva para una comunidad históricamente marginada y violentada.