JEP cuestiona versiones de exguerrilleros sobre atentado el nogal

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha iniciado un proceso para determinar si Fernando y Herminsul Arellán Barajas, exmiembros de las FARC, están diciendo la verdad al asegurar que no participaron en el atentado ocurrido el 7 de febrero de 2003 en el Club El Nogal de Bogotá. Esta trama comenzará tras dos audiencias realizadas el 30 de abril y 30 de julio de 2025, cuando los hermanos rindieron su versión ante la entidad.

Aunque ambos ya fueron condenados por la justicia ordinaria —a penas de 40 años por terrorismo, homicidio y tentativa de homicidio— y la Corte Suprema confirmó esta decisión en 2012, su participación en el conflicto armado los llevó a acogerse a la JEP en 2017 dentro del caso 10, que agrupa crímenes no amnistiables cometidos por integrantes urbanos de las FARC.

En los relatos entregados durante las audiencias, ambos señalaron que fueron vinculados erróneamente debido a que familiares como su hermano y sobrino murieron en el ataque. Sin embargo, la Sala de Amnistía o Indulto ya declaró en 2023 que los hechos se consideran crímenes de guerra —dado que atacaron un club civil, no un objetivo militar— y por ello no pueden ser perdonados mediante amnistía.

La nueva etapa de la JEP evaluará si lo dicho por los comparecientes corresponde con la verdad y cumple con los requisitos de contribución al esclarecimiento de los hechos. La entidad escuchará a las víctimas y presentará pruebas para validar o refutar las afirmaciones de los Arellán Barajas.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que, en caso de que los testimonios no cumplan con el compromiso de aportar a la verdad, los beneficiarios podrían perder los derechos que brinda este mecanismo de justicia transicional.

El atentado dejó 36 personas fallecidas y aproximadamente 158 heridas. Por ser un ataque dirigido contra civiles e infraestructuras civiles, la JEP lo calificó como violación grave del Derecho Internacional Humanitario, lo que impide otorgar amnistía a sus responsables.

Este nuevo capítulo marca un paso decisivo para determinar si los implicados están cooperando con la verdad o intentando evadir responsabilidad dentro del marco del sistema de justicia transicional en Colombia.