Compulsan copias contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes en su campaña presidencial

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una solicitud formal para investigar al presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial y posibles violaciones a los límites de gasto establecidos por la ley.

El alto tribunal señaló que la decisión se deriva de los hallazgos obtenidos en la investigación sobre los vuelos realizados por la empresa Sadi, los cuales habrían sido reportados oficialmente como parte de la campaña al Senado, pero que, según la Corte, beneficiaron directamente a la campaña de Petro durante la consulta interna del Pacto Histórico.

Las dudas sobre los vuelos y los reportes de gastos

El documento judicial sostiene que existen indicios de un posible “engaño” en la forma como fueron ejecutados y reportados dichos contratos. “El hallazgo principal de la investigación fue que todos los servicios de Sadi, contratados con la campaña al Senado, en realidad se prestaron a la campaña de Petro para la consulta del Pacto Histórico. Es decir, hubo vuelos de Petro acompañado de aspirantes al Senado, pero ningún vuelo de aspirantes al Senado sin Petro”, detalla el auto.

De acuerdo con la Corte Suprema, estos hechos podrían constituir una violación a los topes de financiación de campaña, razón por la cual decidió compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, organismo competente para investigar a un mandatario en ejercicio, considerando el fuero presidencial.

Cabe recordar que, en una investigación anterior, el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó que la campaña presidencial de Gustavo Petro habría superado los límites de gasto en más de 3.500 millones de pesos, equivalentes a unos 870.000 dólares actuales, y solicitó sanciones para los responsables.

Con este nuevo pronunciamiento, el caso de la financiación de la campaña de Petro entra en una nueva fase judicial, ahora bajo el análisis del ente encargado de investigar las conductas de los presidentes de la República.

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