¿Gobierno evalúa declarar emergencia económica tras hundimiento de reforma tributaria?

El hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso abrió un nuevo escenario fiscal para el Gobierno nacional. La iniciativa buscaba garantizar ingresos clave para los próximos años, en especial para el Presupuesto General de 2026. Sin embargo, su caída obligó al Ejecutivo a activar un plan de evaluación de alternativas para cubrir el faltante y sostener sus compromisos financieros.

Entre el 9 y el 10 de diciembre, el Ministerio de Hacienda y la Casa de Nariño anunciaron una serie de medidas en estudio. Todas apuntan a enfrentar la presión fiscal inmediata y a evitar un desajuste mayor en las cuentas públicas. El debate, además, se trasladó al terreno político y técnico, con reacciones de distintos sectores.

Emergencia económica y ajustes al gasto, las primeras opciones

Una de las alternativas que más atención generó fue la posibilidad de declarar una emergencia económica. El ministro de Hacienda confirmó que esta opción se encontraba en evaluación. La figura permitiría expedir decretos con fuerza de ley para anticipar decisiones fiscales y enfrentar el déficit de ingresos.

Al mismo tiempo, el Gobierno reconoció que, sin una reforma tributaria, el margen de maniobra es reducido. Por esa razón, anunció que será necesario revisar el gasto público. En ese proceso se contempla el aplazamiento de proyectos, así como una revisión estricta de prioridades para el presupuesto de 2026. También se estudian ajustes tanto en funcionamiento como en inversión.

De forma paralela, la cartera de Hacienda informó que analiza una reorganización presupuestal. El objetivo es redistribuir recursos ya aprobados y evitar un desfinanciamiento total. Según el Ejecutivo, los programas sociales se mantendrían como prioridad, aunque se admitió que el espacio fiscal es limitado sin nuevas fuentes de ingreso.

Advertencias fiscales y consecuencias a mediano plazo

Tras los anuncios del Gobierno, analistas económicos y representantes del sector productivo hicieron varias advertencias. Entre ellas, señalaron riesgos jurídicos en caso de avanzar con una emergencia económica. También alertaron sobre posibles dificultades para cumplir la regla fiscal, uno de los pilares de la política macroeconómica del país.

Además, se mencionaron impactos potenciales sobre la inversión y la confianza, si no se define una ruta clara de financiamiento. En ese contexto, el Ejecutivo envió un mensaje político directo, al responsabilizar al Congreso por la caída de la reforma y advertir que los ajustes podrían afectar metas sociales y de gestión hacia el cierre del mandato.

Mientras tanto, el Gobierno continúa evaluando escenarios. Las decisiones que se adopten en los próximos meses serán clave para la estabilidad fiscal de 2026 y para la financiación de los principales programas del Estado.

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