JEP dicta primeras sentencias históricas por secuestros y falsos positivos

En un momento histórico para la Colombia post-acuerdo de paz, dos procesos confluyen para redefinir el papel del partido Comunes y de los ex-miembros de las FARC: la pérdida de sus curules automáticas en el Congreso y las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por delitos graves del conflicto armado.

La pérdida de curules automáticas para Comunes

El movimiento político que surgió tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, conocido ahora como Partido Comunes, tendrá que enfrentarse al reto electoral sin los escaños garantizados que como parte del acuerdo se les dieron para los periodos 2018-2022 y 2022-2026. A partir de 2026 deben competir como cualquier otra colectividad, cumpliendo requisitos normativos como alcanzar cierto umbral de votos para conservar su personería jurídica

Esta eliminación de curules automáticas se fundamenta en lo pactado en el Acuerdo Final: esos escaños especiales eran una medida temporal para facilitar la inclusión y representación de quienes venían del conflicto. Ahora, al cumplirse los términos, el partido afronta una transición hacia la “política ordinaria”.

La primera gran sentencia de la JEP: secuestros de las FARC sancionados

La JEP ha proferido una sentencia histórica condenando a siete exintegrantes del Secretariado de las FARC a ocho años de sanciones propias (restaurativas) por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros perpetrados a lo largo del conflicto armado.

Aunque no implican privación de libertad (no va a cárcel), estas sanciones incluyen trabajos, obras en zonas afectadas, restitución de la verdad, reparación simbólica, memoria histórica y contribución a la búsqueda de personas desaparecidas.

“Falsos positivos” otro hito judicial espera su fallo

Pese al peso simbólico y legal de la sentencia por secuestros, otra decisión de la JEP, tan esperada como controversial, está a la puerta: las que se refieren a los llamados “falsos positivos”. En particular, los casos documentados de ejecutados civiles presentados como guerrilleros por miembros del Ejército entre los años 2002 y 2008. Se estima que hay más de 6.400 víctimas en este macrocaso, y también se juzgarán altos mandos militares implicados.

La sentencia sobre estos casos, prevista para esta semana, generará nuevas tensiones y expectativas sobre cómo se materializa la justicia transicional, la reparación y, sobre todo, la responsabilidad.

¿Qué implicaciones tiene para los ex-jefes de las FARC y para el partido Comunes?

• Para los exjefes de las FARC sancionados, la sentencia marca la clausura de una etapa esperada durante años. Igual obligación de trabajar con víctimas, reconstruir verdad, reconocer hechos y reparación.
  
• Para Comunes, perder las curules automáticas implica una carrera electoral más difícil: ya no tendrá aseguradas 10 escaños en Senado/Cámara, su visibilidad dependerá del desempeño real en urnas. Eso puede debilitar su influencia institucional y política si no logra convencer a votantes en 2026.
  
• Las víctimas reclaman sanciones con libertad efectiva para algunos autores, mientras que otros sectores consideran que las sanciones restaurativas, sin cárcel, pueden resultar insuficientes para el peso de lo ocurrido.

Legitimidad, responsabilidad y memoria para las víctimas

Este doble momento la sentencia y el vencimiento estructural del estatus político privilegiado— abre preguntas difíciles para Colombia:

• ¿Pueden las sanciones no privativas de libertad considerarse justicia suficiente para víctimas de delitos tan graves?
  
• ¿Podrá Comunes reinventarse como partido competitivo electoramente, sin dependencia de acuerdos especiales?
  
• ¿Cómo equilibrar el deseo de reconciliación nacional con la exigencia de verdad y reparación profundas?
  
• ¿Qué papel jugarán las decisiones de la JEP en la narrativa política de los próximos años, especialmente cercano a las elecciones presidenciales y legislativas?
  

Las decisiones judiciales de la JEP este septiembre representan un punto de inflexión para Colombia: simbólico, político y legal. Las sentencias por secuestro y los falsos positivos son pasos hacia la verdad y la reparación. Paralelamente, el partido Comunes enfrenta una transición real: del estatus especial garantizado, al dominio de la competencia democrática ordinaria. Ambos procesos desafían al país a decidir si el acuerdo de paz no solo vive en los documentos, sino en los resultados efectivos para víctimas, memoria y política con responsabilidad.

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