Exministros califican el “Decretazo” de salud como una reforma sin debate

Un grupo de exministros y exviceministros de Salud manifestó su profunda preocupación frente al Decreto 0858, expedido por el Gobierno Nacional para implementar el “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo”. En un comunicado público, denunciaron que esta medida constituye una reforma de facto sin debate democrático, sin respaldo técnico ni financiero, y que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia.

Según los exfuncionarios, el decreto no responde a la crisis actual del sector ni garantiza un financiamiento adecuado a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Además, criticaron la ausencia de estudios técnicos transparentes y de un análisis fiscal responsable, elementos indispensables para asegurar la viabilidad del sistema.

“Con este decreto, el Gobierno sustituye pilares fundamentales del sistema sin pasar por el Congreso, lo cual contraría el principio de división de poderes y elimina el debate democrático”, afirmaron.

Los exministros alertaron que el modelo propuesto genera alta incertidumbre institucional, operativa y financiera, debilitando el aseguramiento individual, modificando el rol de las EPS y trasladando funciones clave a entidades territoriales sin capacidad probada. Añadieron que, en lugar de solucionar estructuralmente los problemas del sistema, la nueva normativa podría agravar la crisis, afectando el acceso, la calidad y la equidad en la atención médica.

“La salud de millones no puede decidirse por imposición ideológica”, enfatizaron.

El comunicado también señala que el decreto actúa como una reglamentación parcial de leyes vigentes, como la Ley Estatutaria de Salud y las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, pero termina creando un nuevo sistema sin base jurídica sólida, lo que puede generar contradicciones legales y operativas. Incluso, compararon el riesgo de su implementación con el colapso del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Los exministros solicitaron al Consejo de Estado que adopte medidas cautelares para frenar la puesta en marcha del decreto y pidieron al Gobierno retomar la vía democrática para una reforma real y participativa.

Finalmente, hicieron un llamado al Congreso de la República para que asuma su responsabilidad constitucional y corrija el rumbo de una reforma desarrollada al margen de la institucionalidad. También invitaron a la ciudadanía a ejercer una vigilancia activa para proteger sus derechos en salud.