Consejo de Estado revisa polémico Decreto 033 sobre tierras rurales

El Consejo de Estado admitió formalmente una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra el Decreto 033 del 17 de enero de 2025, una norma expedida conjuntamente por la Presidencia de la República y los ministerios de Justicia y Agricultura. Esta demanda busca la nulidad del decreto, argumentando que la norma excede la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional, vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la seguridad jurídica en el país.

El Decreto 033 introdujo cambios significativos en el régimen de adquisición y propiedad de predios rurales, afectando directamente la operatividad del servicio público registral en zonas sujetas a reforma agraria. Entre sus principales modificaciones está la reintroducción de la opción privilegiada de compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que le otorga al Estado un papel preferente en la adquisición de terrenos rurales. Además, el decreto impone la obligación a particulares en municipios priorizados de informar a la ANT sobre cualquier negociación de compraventa o promesa de venta de predios que superen las dos Unidades Agrícolas Familiares. Esta medida habilita al Estado para intervenir en las transacciones entre particulares, limitando la libre negociación y afectando la confianza legítima de propietarios y compradores.

La Fundación para el Estado de Derecho denuncia que estas disposiciones no cuentan con el respaldo legal del Congreso, creando facultades expropiatorias sin la debida autorización legislativa. Asimismo, critica la forma irregular en que se expidió el decreto, señalando que la consulta pública fue limitada a apenas cuatro días, cuando la ley exige un mínimo de quince días y una participación ciudadana efectiva. También se cuestiona la motivación del decreto, que según FEDe. Colombia, se basa en argumentos genéricos y carentes de sustento técnico o legal para justificar la restricción de derechos constitucionales.

En la demanda, se destacan violaciones a derechos constitucionales fundamentales como el derecho de propiedad, el debido proceso, el principio de publicidad y la confianza legítima. Se denuncia además la invasión de competencias técnicas propias de entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro. Otro punto crítico es la imposición de trámites forzosos sin ley previa, la eliminación de garantías registrales y la creación de un ambiente de inseguridad jurídica para los ciudadanos.

FEDe. Colombia solicitó al Consejo de Estado no solo la nulidad del Decreto 033, sino también la adopción de una medida cautelar que suspenda provisionalmente sus efectos mientras avanza el proceso judicial. La fundación advirtió que la aplicación inmediata de la norma podría causar daños irreparables al orden jurídico y a los derechos de los propietarios rurales.

“El derecho de propiedad es un pilar fundamental que solo puede ser restringido mediante ley del Congreso, con todas las garantías del debido proceso y seguridad jurídica para todos los colombianos,” afirmó Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho. Caro destacó que la organización no está en contra de la función social de la propiedad ni del avance de la reforma agraria, pero rechaza que esos objetivos se impongan por decretos que desconocen la Constitución y las leyes vigentes.

Este caso representa un importante precedente en el debate sobre la regulación de la propiedad rural y la reforma agraria en Colombia, donde se enfrentan intereses sociales, económicos y jurídicos, y donde la garantía del respeto a los derechos fundamentales continúa siendo un eje crucial para el desarrollo sostenible del país.