Condena a dos colombianos por explotación sexual de mujeres en Grecia

Juan David Ceballos Madrid y Paola Andrea Acevedo García fueron condenados a seis años y siete meses de prisión por su participación en una red internacional de trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres colombianas en Grecia. Ambos aceptaron su culpabilidad a través de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, lo que facilitó una resolución judicial más rápida.

La investigación, que involucró esfuerzos de coordinación entre las autoridades colombianas y europeas, reveló que los condenados utilizaban falsas promesas de empleo para atraer a mujeres en situación de vulnerabilidad económica en Medellín. A las víctimas se les ofrecían supuestos trabajos en restaurantes y establecimientos públicos en Grecia, pero al llegar al país europeo, sus documentos personales les eran retenidos y se les obligaba a pagar supuestas deudas de entre 3.400 y 3.600 euros, que cubrían gastos de pasajes, alojamiento y manutención. Bajo esta presión económica, las jóvenes eran forzadas a ejercer actividades sexuales para saldar la deuda.

El proceso judicial también determinó que Ceballos Madrid fue responsable de otros delitos adicionales, como tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Estos cargos fueron investigados en paralelo y contribuyeron a su condena.

Las autoridades colombianas vinculadas al caso pudieron recabar testimonios cruciales de al menos nueve mujeres entre 2023 y 2024, quienes describieron su experiencia de engaño y posterior sometimiento en manos de esta red criminal. La recopilación de pruebas y las declaraciones de las víctimas fueron determinantes para la aceptación de culpabilidad por parte de los acusados y su posterior sentencia.

Este caso pone de manifiesto las complejas y devastadoras operaciones de las redes transnacionales de trata de personas, que se aprovechan de la vulnerabilidad de las mujeres para explotarlas en condiciones extremas. La condena resalta la importancia de continuar desmantelando estas redes que atentan contra los derechos fundamentales de las personas, particularmente las mujeres jóvenes, en situaciones de pobreza y marginación.

Este fallo judicial es un paso hacia la justicia para las víctimas y un mensaje contundente contra los responsables de la trata de personas a nivel internacional.