Radiografía de un país en UCI

Colombia no atraviesa una coyuntura: sufre una encrucijada estructural. Si la vida nacional fuera un organismo, hoy respiraría con asistencias técnicas —bombeo de recursos, parches de urgencia y contención en cuidados intensivos—. Pero aún no ha llegado el momento de la resignación. Para el próximo gobierno, en 2026, existe una ventana de recuperación, si hay audacia, visión y liderazgo.

La seguridad nacional es crítica. Una de cada dos regiones ya no es Estado de derecho, sino zona de disputa. Cerca de 649 municipios presentan algún nivel de riesgo por presencia o influencia de grupos armados ilegales. Es más que una cifra: es el retrato de una soberanía fracturada.

La extorsión se ha convertido en un impuesto al vivir cotidiano, con 23,4 casos por cada 100.000 habitantes y un crecimiento cercano al 25% en los últimos cuatro años. El secuestro aumentó 57% en el último año y el hurto a personas no muestra mejoría, manteniendo niveles alarmantes que socavan la confianza ciudadana. A ello se suma la persistencia del narcotráfico: aproximadamente 330.000 hectáreas de coca siguen alimentando la violencia, la corrupción y la economía ilícita. En esta ecuación, la seguridad dejó de ser un asunto policial para convertirse en el corazón del desarrollo.

Si la seguridad es la base del presente, la educación es el cimiento del futuro. Sin embargo, el sistema educativo colombiano se encuentra atrapado entre el adoctrinamiento político y la falta de resultados. Fecode ha extendido su influencia más allá de lo gremial, moldeando el discurso educativo con un sesgo ideológico que empobrece la pluralidad y limita el pensamiento crítico.

El panorama de acceso también es desalentador: apenas 43% de los jóvenes que terminan el colegio ingresan a la educación superior, y cerca del 47% abandona aproximadamente antes de culminar sus estudios. Las causas son múltiples —falta de recursos, preparación deficiente y desmotivación—, pero el resultado es uno solo: una generación que no logra construir movilidad social. El sistema, en lugar de ser un trampolín de oportunidades, se ha vuelto un filtro de desigualdad.

Los últimos resultados de las pruebas PISA confirmaron esa brecha: Colombia retrocedió en matemáticas y lectura, manteniéndose por debajo del promedio de la OCDE. Sin una transformación profunda del modelo educativo, seguiremos condenando el talento joven al desencanto.

En lo económico, el país transita por una senda de estancamiento. El PIB creció apenas 2,1% interanual en el segundo trimestre de 2025, un resultado mediocre frente a las necesidades sociales. Los sectores intensivos en empleo —manufactura, construcción y minería— muestran un deterioro preocupante: la manufactura creció solo 0,9%, la construcción cayó 3,5%, y minas y canteras se desplomaron más de 10%. No hay desarrollo sostenible si los motores productivos están apagados.

El frente externo tampoco da señales de alivio. Entre enero y julio de 2025, el déficit comercial alcanzó 8.952 millones de dólares, un aumento del 60% frente al año anterior. La inversión extranjera directa cayó 20% en agosto (USD 584 millones, su nivel más bajo desde 2021) y volvió a caer en septiembre un 17% (USD 602 millones). La confianza del inversionista extranjero se resiente ante la incertidumbre política, los cambios regulatorios y el ruido institucional.

A esto se suma una salida de capitales creciendo el 69% en el primer semestre (USD 7.432 millones), un síntoma de pérdida de confianza en el entorno económico. Y un riesgo mayor: la descertificación de EE. UU. podría restar hasta 1.500 millones de dólares anuales en cooperación y flujos de inversión.

En el plano fiscal, el déficit proyectado para 2025 se elevó a 7,1% del PIB, equivalente a un hueco de 138 billones de pesos, con estimaciones privadas que lo ubican incluso en 7,8%. Un nivel que amenaza la estabilidad macroeconómica y limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructura y programas sociales.

La salud, por su parte, es otro paciente en crisis. Aunque la cobertura supera el 95% gracias a la Ley 100, la calidad, la eficiencia y la financiación del sistema se encuentran al borde del colapso. El Gobierno culpa a las EPS de la crisis, pero ha sido la propia administración la que ha demorado los giros y desfinanciado el sistema. Tras las intervenciones oficiales, las EPS han tenido en sumatoria una pérdida patrimonial de 6,7 billones de pesos, pasando de –2,7 billones a –9,45 billones, una reducción del 249,6% en sus patrimonios.

Esta radiografía no admite ilusiones: Colombia está en cuidados intensivos, pero no en estado terminal. El país aún respira, y lo hace con la esperanza de que en 2026 surja un liderazgo capaz de trazar una nueva hoja de ruta.

Ese liderazgo deberá recuperar la seguridad con una estrategia integral que combine presencia institucional, inteligencia territorial y control social del narcotráfico. En educación, apostar por la meritocracia, la autonomía escolar y la conexión entre la formación y el mercado laboral. En economía, fortalecer la industria nacional, estabilizar el entorno fiscal y devolver confianza a quienes invierten y producen. Y en salud, rediseñar el sistema priorizando la calidad, la transparencia y la atención preventiva.

Colombia no necesita promesas nuevas; necesita credibilidad. La tarea del próximo presidente no será inventar un país distinto, sino reconstruir el que tenemos, sobre cimientos de Coherencia, Determinación y Carácter.

El 2026 puede ser el punto de inflexión. Colombia ha tocado fondo en muchas áreas, pero tiene talento, recursos y una sociedad que, a pesar de todo, no se rinde. De nosotros depende pasar de la queja a la reconstrucción. De seguir respirando asistidos por máquinas, a volver a latir por convicción. ¡A salir de la UCI Colombia!
Por: Mateo Arjona, @mateoarjona

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