Impuestos a cigarrillos y vapeadores podrían generar más de 1 billón de pesos

El pasado 1 de septiembre, el Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso el texto de la nueva ley de financiamiento, una propuesta tributaria que incluye nuevos y fuertes gravámenes sobre cigarrillos y vapeadores. La iniciativa busca recaudar más de 1 billón de pesos adicionales para 2026 mediante estas medidas.

Principales modificaciones a los impuestos en los cigarrillos y vapeadores

• Cigarrillos: impuesto ad valorem del 10 %, además de un componente específico elevado de $4.068 a $11.200 por cajetilla de 20 unidades. Para la nicotina oral, el gravamen subiría de $324 a $891 por gramo.
• Vapeadores: impuesto ad valorem más agresivo del 30 %, con un cargo adicional de $2.000 por mililitro.

Estos aumentos no solo tienen un fin recaudatorio, también contemplan una estrategia de salud pública robusta. Se espera reducir el consumo anual de cigarrillos y vapeadores de forma significativa, en línea con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Objetivos oficiales y contexto

El Gobierno fundamenta esta propuesta en la necesidad de apalancar el presupuesto nacional y avanzar en la equidad fiscal. Pero también busca alinear la política tributaria con acciones efectivas de salud pública, en un contexto donde el consumo de estos productos representa un serio riesgo, especialmente para los jóvenes.

Además, según datos de 2017, los costos relacionados con enfermedades derivadas del tabaquismo superaban los $6,5 billones anuales, a lo que se sumaban $11 billones en pérdidas por productividad.

A pesar del aparente consenso en torno a los beneficios de esta medida, no es la primera vez que se impulsa un gravamen al tabaco. Un proyecto similar fue hundido en junio en la Comisión Tercera del Senado, evidenciando la resistencia política que enfrenta este tipo de reformas.

El impacto sobre los consumidores también genera debate: aunque redunda en salud pública, podría implicar una carga adicional en el presupuesto familiar. Especialistas en tributación y salud alertan sobre posibles efectos colaterales económicos que deberán equilibrarse con políticas sociales compensatorias.

En resumen, el Gobierno de Gustavo Petro propone un avance significativo en materia de impuestos saludables: una apuesta que conjuga recaudación, política pública y salud, aunque enfrenta un panorama político complejo y una sociedad sensible a cambios en su consumo diario.

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