Cayó Lyons Exgobernador deportado y capturado en Colombia

Alejandro José Lyons Muskus, exgobernador del departamento colombiano de Córdoba (gestión 2012‑2015), fue detenido en Bogotá tras ser deportado desde Estados Unidos, según confirmó Migración Colombia el 30 de julio de 2025. Inmediatamente después de aterrizar en el aeropuerto El Dorado, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, ya que está requerido por el delito de concierto para delinquir, entre otros procesos activos.

Durante su mandato como gobernador, Lyons está acusado de liderar redes de corrupción que desviaron recursos públicos a través de proyectos ficticios o contratos adjudicados de forma irregular. Por ejemplo, se le vincula con el “cartel de la hemofilia”, que habría causado un detrimento de más de 70.000 millones de pesos al sistema de salud y afectado especialmente a población vulnerable.También se le señala de favorecer contrataciones públicas mediante comisiones del 30 % que eran repartidas entre él mismo y funcionarios cercanos .

En 2017, Lyons se trasladó a Estados Unidos con su familia, inicialmente como testigo colaborador en investigaciones del escándalo conocido como el “cartel de la toga”, que implicó a magistrados, congresistas y fiscales de la alta Corte. A través de su cooperación con las autoridades estadounidenses —incluido el FBI y la DEA— ayudó a descubrir y desmantelar operaciones irregulares dentro del sistema judicial colombiano .

En 2018, la Corte Suprema de Justicia colombiana aprobó un preacuerdo en el que Lyons aceptó responsabilidad por concierto para delinquir agravado, lo que surtió en una pena de cinco años y tres meses de prisión, además de inhabilitación para ejercer funciones públicas por quince años. No obstante, permaneció en EE. UU. bajo estatus de testigo protegido y logró recuperar su libertad bajo fianza en mayo de 2025, aunque siempre bajo restricciones migratorias.

A pesar de haber argumentado riesgos para su integridad si regresaba a Colombia, las solicitudes de asilo y de evitar la deportación fueron rechazadas y finalmente se autorizó su retorno. Su colaboración en Estados Unidos ya no fue suficiente para impedir su entrega a las autoridades colombianas.

En la actualidad, el exgobernador enfrenta múltiples procesos adicionales en Colombia, incluyendo investigaciones disciplinarias por contratación irregular y otros esquemas de corrupción ligados al desfalco del Fondo de Regalías.