Comienza la puja por el salario mínimo para 2026: gremios y centrales obreras llegan con posiciones opuestas

A partir de este lunes 1 de diciembre iniciará oficialmente la negociación del salario mínimo que regirá en Colombia para el año 2026, un proceso obligatorio contemplado en el artículo 56 de la Constitución. La mesa, integrada por el Gobierno, representantes de los empleadores y centrales obreras, deberá concertar el incremento bajo criterios técnicos, económicos y sociales.

La discusión llega marcada por profundas diferencias entre las partes. Mientras los gremios empresariales advierten riesgos para el empleo y la inflación si el aumento supera ciertos límites, las centrales de trabajadores insisten en un ajuste de dos dígitos para cerrar lo que consideran un “déficit histórico” del salario mínimo frente al costo de vida.

La definición final tendrá impacto directo sobre los ingresos del 38,1 % de trabajadores que devengan entre uno y dos salarios mínimos, según el Dane, y también influirá en el precio de bienes y servicios durante el próximo año.

Gremios piden prudencia: incrementos no superiores al 7 %

Acopi fue uno de los primeros sectores en fijar postura. Su vicepresidente, Jairo Pulecio, advirtió que un aumento “excesivo y muy por encima de la inflación” podría generar efectos negativos sobre la economía.

Según el gremio, un incremento superior al 7 % encarecería los costos laborales, afectaría la contratación formal y podría incentivar despidos o informalidad. Propusieron que el ajuste tome como referencia la inflación proyectada para 2025 (cercana al 5 %) y la productividad total, que ronda el 1 %.

“Un incremento desproporcionado solo impulsaría la inflación, anulando los beneficios buscados”, señaló Pulecio.

Desde Fenalco, su presidente Jaime Alberto Cabal insistió en que un aumento de dos dígitos sería contraproducente. Advirtió que provocaría un fenómeno de indexación en el que “sube el salario, pero también suben los precios”, sin mejora real del poder adquisitivo.

El gremio aseguró que un alza del 11 %, sugerida por algunos sectores del Gobierno, llevaría el costo total de contratar a un trabajador por salario mínimo a $2.800.499, cifra difícil de asumir especialmente para las pymes.

Centrales obreras apuntan a un aumento de dos dígitos

Del otro lado de la mesa, los sindicatos consideran que el incremento debe ser mucho más alto. Fabio Arias, presidente de la CUT, recordó que un estudio reciente de la OIT concluyó que el salario vital para un hogar de cuatro personas debería ubicarse en $2 millones en 2024, lo que refleja un déficit del 50,3 % frente al mínimo actual.

Por ello, la CUT plantea un aumento por encima del 10 % para 2026.

Utral Atlántico también confirmó que las centrales obreras trabajan sobre una propuesta conjunta que se movería entre el 12 % y el 15 %. Su presidente, Óscar Echeverría, señaló que el ajuste debe reflejar el incremento de la canasta familiar y el crecimiento económico reportado este año.

“Como trabajadores pedimos un pago justo. La economía ha crecido y esto debe compartirse”, afirmó.

El Gobierno: abrirá la discusión con enfoque técnico y el informe de la OIT en mano

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la negociación tendrá como base los análisis macroeconómicos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, así como las variables técnicas relacionadas con productividad, inflación y desempeño económico.

Sanguino destacó que por primera vez se incorporará al debate el informe de la OIT sobre salario mínimo vital para Colombia, presentado recientemente en la Comisión de Concertación Laboral.

“Este proceso corresponde al mandato constitucional que exige un salario vital y móvil, capaz de garantizar condiciones dignas para el trabajador y su familia”, afirmó.

Lo que viene

La mesa comenzará deliberaciones este lunes y deberá avanzar en la búsqueda de un consenso antes de finalizar diciembre. Si no se logra acuerdo, el Gobierno definirá el aumento por decreto.

Con posiciones tan distantes entre empleadores y trabajadores, el debate promete ser uno de los más intensos de los últimos años. Sin embargo, la meta común sigue siendo la misma: encontrar un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad económica del país.

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