Combates entre ELN y disidencias de las FARC sacuden el Catatumbo y activan alerta humanitaria

Durante la madrugada de este viernes, 28 de noviembre, se han registrado intensos combates en la zona rural del Catatumbo, en particular en el corregimiento de Filogringo (jurisdicción de El Tarra, Norte de Santander), entre miembros del ELN y una disidencia del bloque 33 de las FARC, denunciaron comunidades de la región.

Las versiones iniciales dan cuenta de detonaciones, movimientos permanentes de combatientes, y el temor de la población civil ante posibles desplazamientos forzados. Organismos de derechos humanos y autoridades hacen un llamado a mantener la calma y extremar medidas de protección, mientras se siguen recopilando datos sobre heridos, desaparecidos o víctimas civiles.

¿Por qué estalló la violencia en el Catatumbo?

La región del Catatumbo ha vuelto a convertirse en un foco crítico de violencia en 2025 por el recrudecimiento de disputas territoriales entre distintas organizaciones armadas tras el colapso de treguas recientes.

En lo corrido del año, enfrentamientos continuos entre el ELN y la disidencia del frente 33 han dejado decenas de muertos, múltiples heridos, desaparecidos y miles de desplazados.

Para intentar contener la violencia, el gobierno ya ha desplegado 300 soldados en la zona y reforzó la presencia militar, aunque las organizaciones de derechos humanos advierten que la gente civil sigue atrapada en medio del conflicto.

Además, se reportan graves violaciones a derechos humanos: asesinatos, secuestros, confinamientos y amenazas, especialmente a comunidades vulnerables, campesinos, y civiles que no tendrían ninguna relación con ninguno de los grupos armados.

El drama humanitario detrás de la guerra

Organismos como Human Rights Watch han denunciado la situación en Catatumbo: han documentado casos de violencia sistemática, reclutamiento forzado, abusos, y la imposición de un control territorial que obliga al desplazamiento masivo de poblaciones históricas.

De acuerdo con la entidad, la población civil enfrenta amenazas constantes, pérdida de cosechas, inseguridad alimentaria, cierre de escuelas y un colapso del entramado comunitario. Muchas familias han abandonado sus hogares, huyendo de la guerra, sin garantías de retorno.

Diversos sectores piden acciones inmediatas al Estado: atención humanitaria, presencia de organismos de derechos humanos, protección de comunidades vulnerables y una estrategia que vaya más allá del uso exclusivo de la fuerza, una estrategia que apunte a la reconciliación y la reconstrucción social.

¿Qué esperar en los próximos días?

Con la alerta encendida, las autoridades deben actuar rápidamente para garantizar la seguridad de la población civil, documentar las violaciones de derechos humanos y proteger a comunidades en riesgo.

El desenlace de este nuevo episodio de violencia definirá el rumbo del conflicto en Catatumbo: si la disputa territorial sigue escalando, o si hay posibilidad de contenerla con presencia estatal, diálogo comunitario y garantías de derechos.

El país sigue observando con preocupación. La crisis en Catatumbo recuerda, una vez más, que la violencia armada sigue latente en zonas estratégicas, y que su principal víctima sigue siendo la población civil.

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