Gobierno aplaza recursos para la APP del Canal del Dique y crece la incertidumbre en el Caribe

La reciente decisión del Gobierno Nacional de aplazar los recursos destinados a la Asociación Público-Privada (APP) Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique ha generado una profunda preocupación en la región Caribe, ante el riesgo de que esta medida afecte el desarrollo de un proyecto clave para el medio ambiente y las comunidades ribereñas.

Un proyecto vital en riesgo

Expertos advirtieron que el aplazamiento de los recursos podría acarrear graves consecuencias financieras, sociales y ambientales. Además, señalaron que resulta urgente garantizar la continuidad del proyecto a través de un acuerdo formal que respalde su financiación y ejecución.

“Debe asegurarse el mantenimiento de los recursos destinados a las intervenciones prioritarias. No resulta viable aplazar el 100% del presupuesto asignado para la presente vigencia, pues el concesionario tiene compromisos inmediatos como el dragado de mantenimiento, la protección de orillas y las adecuaciones viales complementarias”, manifestaron.

De no cumplirse con los pagos, el contrato podría entrar en una fase crítica, generando posibles indemnizaciones millonarias para el Estado y paralizando obras esenciales para el control de inundaciones y la navegabilidad del canal.

Impacto económico y ambiental

El proyecto, adjudicado en diciembre de 2022 a la sociedad Ecosistemas del Dique S.A.S. —conformada por Sacyr Concesiones— y puesto en marcha en junio de 2023, contempla una inversión de 3,2 billones de pesos y busca restaurar ecosistemas degradados, mejorar la resiliencia ambiental y reducir los riesgos de inundación en Atlántico, Bolívar y Sucre.

La APP también proyecta la generación de más de 60.000 empleos y una inversión social superior a 340.000 millones de pesos, destinada al bienestar y desarrollo sostenible de más de 1,5 millones de habitantes de la región Caribe.

El pago correspondiente a junio de 2025, por un valor de $492.381 millones, debía efectuarse dentro del plazo contractual, pero hasta la fecha no se ha realizado, lo que ha comenzado a generar intereses moratorios y afecta la liquidez del proyecto.

Los expertos insistieron en que se requiere definir un nuevo esquema financiero que brinde certidumbre y evite retrasos adicionales. “Aplazar estos recursos sería un golpe para la recuperación ambiental del Caribe y un retroceso en los compromisos del Estado con la mitigación del cambio climático”, concluyeron.

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