Defensoría exige acción ante emergencia en Antioquia

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que se vive en el norte de Antioquia, a raíz de los enfrentamientos entre el Frente 36 de las disidencias de las FARC y el Ejercito Gaitanista, que han generado desplazamientos masivos, confinamientos y la presencia de minas antipersonales en zonas rurales de los municipios de Briceño, Anorí y Tarazá.

De acuerdo con el organismo, 2.081 personas han tenido que abandonar sus hogares en Briceño, provenientes de 23 veredas, lo que supera la capacidad institucional del municipio.
En Anorí, la situación también es crítica: 176 habitantes de la vereda Los Trozos (sectores Tenche Limón, Tenche Salino y Taca Mocho) fueron desplazados durante los últimos días, según el más reciente reporte.

La Defensoría pide intervención inmediata del Gobierno nacional

La Defensoría solicitó a los ministerios del Interior y de Igualdad y Equidad, al Departamento de Prosperidad Socialy a la Unidad de Restitución de Tierras, convocar de manera extraordinaria el Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, con el fin de coordinar una respuesta urgente ante la emergencia.

Asimismo, hizo un llamado a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para adelantar acciones de desminado humanitario, que permitan el retorno seguro de las familias desplazadas y garanticen la protección de las comunidades campesinas.

Tarazá, otro municipio en riesgo por minas antipersonales

La Defensoría advirtió que en Tarazá se han detectado artefactos explosivos en varias veredas, lo que ha obligado al desplazamiento de más de 60 familias y mantiene 33 personas confinadas.
Estos hechos agravan la situación de seguridad en el Bajo Cauca y el norte de Antioquia, donde se cruzan las rutas del narcotráfico y la disputa territorial de los grupos armados ilegales.

Un llamado a respetar el Derecho Internacional Humanitario

El ente defensor pidió a los grupos armados respetar la vida y la integridad de la población civil, y abstenerse de involucrarla en las hostilidades, tal como lo exige el Derecho Internacional Humanitario.
“La situación en Antioquia demanda acciones inmediatas y articuladas del Estado, no solo asistencia humanitaria temporal, sino una presencia institucional permanente”, señaló la entidad en su comunicado.

Contexto: una crisis anunciada

La Alerta Temprana 045 de 2020 ya advertía el riesgo de desplazamientos, enfrentamientos y asesinatos en esta región del nordeste antioqueño. Cinco años después, esas advertencias se han materializado con un nuevo ciclo de violencia que mantiene a las comunidades atrapadas entre el fuego cruzado.

La Defensoría del Pueblo insistió en que la crisis humanitaria en Antioquia no puede esperar más, e instó al Gobierno a reforzar la presencia institucional y militar, garantizar la asistencia humanitaria inmediata y promover el diálogo territorial que permita reducir la violencia en esta zona históricamente golpeada por el conflicto.

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