Rechazan propuesta de Petro de misión internacional en Medellín: “improcedente e irregular”
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechazó tajantemente la propuesta del presidente Gustavo Petro de promover una “misión internacional” para revisar los procedimientos institucionales en Medellín, tras los hechos de orden público registrados durante las recientes manifestaciones en esa ciudad.
En un comunicado, los alcaldes capitales calificaron la propuesta como “improcedente, irregular y contraria al orden constitucional colombiano”, argumentando que el mandatario no puede someter al escrutinio internacional las actuaciones de una autoridad local que actúa dentro de sus competencias legales.
“No es procedente que el presidente de la República someta a escrutinio internacional las actuaciones de una autoridad local (…). Esta intención desconoce la autonomía territorial consagrada en los artículos 1, 287 y 315 de la Constitución Política”, expresó Asocapitales.
La asociación también recordó que una veeduría o misión internacional de este tipo constituiría una intromisión indebida en los asuntos internos del Estado, prohibida expresamente por el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, así como por la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá de 1948.
“Se desnaturalizan los principios del sistema interamericano”
En su pronunciamiento, Asocapitales citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el deber de los Estados de mantener el orden público, proteger la vida y los bienes de las personas, y garantizar el ejercicio pacífico de los derechos mediante el uso racional y legal de la fuerza cuando sea necesario.
“Pretender internacionalizar un procedimiento institucional desnaturaliza estos principios y distorsiona el alcance del sistema interamericano de derechos humanos”, advirtieron los mandatarios locales.
Finalmente, los alcaldes hicieron un llamado al respeto por la autonomía territorial y la descentralización, pilares fundamentales del sistema político colombiano, señalando que las ciudades capitales deben poder ejercer sus funciones de gobierno y de policía dentro del marco de la ley.
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