Gobierno paga hasta $50 millones por datos sobre ataques al Inpec

El Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar a los responsables de los recientes ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), tras una serie de hechos violentos registrados en varias regiones del país.

La medida fue confirmada por el director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, luego de una reunión interinstitucional de emergencia en la que participaron el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre; el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez; la Policía Nacional y otras entidades del Estado. El objetivo, según Gutiérrez, es fortalecer la protección del personal penitenciario y avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales de los ataques.

Refuerzos de seguridad y dotación de armamento

Como parte de las decisiones adoptadas, el Inpec solicitó a Indumil la autorización para dotar con armamento a los funcionarios que cumplan con los requisitos legales. Además, se ordenó reforzar la seguridad en hospitales y establecer cierres perimetrales en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron) priorizados.

También se anunció una inversión superior a los $2.000 millones para adquirir chalecos blindados, camisas balísticas y cascos, elementos que serán de uso obligatorio durante los traslados y operaciones de custodia. Según explicó el coronel Gutiérrez, la medida busca reducir el riesgo en los trayectos externos, donde se han registrado la mayoría de los ataques.

En paralelo, el Inpec activó un grupo especial de más de 300 hombres entrenados en operaciones de alto riesgo, distribuidos en seis bases a nivel nacional. Estas unidades contarán con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército, que realizarán patrullajes conjuntos en zonas urbanas y rurales con presencia de amenazas.

Ola de atentados y plan pistola

Las medidas se adoptan tras una nueva seguidilla de atentados que, según cifras del Inpec, ya completa al menos una decena de acciones violentas en lo corrido del año.

El caso más reciente ocurrió el 4 de octubre en Armenia (Quindío), cuando un dragoneante fue atacado a bala a la salida de la cárcel San Bernardo. Aunque no hubo heridos, el hecho se suma al ocurrido días antes en Palmira (Valle del Cauca), donde un funcionario fue asesinado.

Uno de los episodios más graves tuvo lugar en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde un guardia perdió la vida en medio de un atentado que desató una alerta general en el cuerpo de custodia. Según versiones sindicales, los ataques harían parte de un “plan pistola” organizado por estructuras criminales que buscan intimidar al personal penitenciario.

El coronel Gutiérrez aseguró que, pese a la situación, no se suspenderán las visitas en los establecimientos carcelarios, aunque se mantendrán protocolos de vigilancia reforzada y acompañamiento psicosocial a las familias de las víctimas.

Grupo de investigación y acciones judiciales

Durante la reunión interinstitucional también se acordó la creación de un grupo especial de investigación integrado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía Nacional, con el fin de priorizar los casos y declarar como objetivos de alto valor a las estructuras criminales implicadas.

El Ministerio de Justicia informó que trabaja en un proyecto de política criminal con enfoque en seguridad carcelaria, que incluirá el uso de tecnologías para prevenir delitos y proteger la vida del personal del Inpec. Además, se plantearon acciones jurídicas para evitar decisiones judiciales que obstaculicen las investigaciones.

“Nuestra misión es proteger, prevenir y responder con firmeza para garantizar seguridad y bienestar a nuestros servidores penitenciarios”, señaló el Inpec en su comunicado oficial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para entregar información que ayude a identificar a los responsables de los atentados, garantizando absoluta reserva a quienes colaboren con las investigaciones.

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