Audifarma habría recibido más de 3 billones de la Nueva EPS mientras construía una clínica privada en Pereira 

Una investigación realizada por Revista Raya denuncia que durante los años recientes, Audifarma, uno de los principales gestores farmacéuticos del país, recibió pagos por más de 3 billones de pesos provenientes de la Nueva EPS, mientras simultáneamente desarrollaba un proyecto privado de salud en Pereira: la Clínica Central del Eje, un edificio de doce pisos con servicios de alto nivel.

Lo que revela la investigación

• A finales de 2024, Audifarma solicitó acogerse a la ley de reorganización empresarial, argumentando crisis financiera. Sin embargo, durante el gobierno de Iván Duque obtuvo pagos regulares y adelantados de la Nueva EPS por facturación farmacéutica.
• Mientras recibía estos giros, la empresa avanzaba la construcción de la clínica privada, que fue inaugurada en noviembre de 2024, promocionada en actos públicos incluyendo la esposa del alcalde de Pereira.
• La infraestructura incluye 90 consultorios, tecnología de punta, servicios de oncología, cardiología, imagen diagnóstica, quirófanos, urgencias, entre otros servicios.
• El giro de recursos hacia Audifarma contrastó con la situación crítica de hospitales e IPS en regiones como el Cauca, donde muchas entidades no recibieron pagos por servicios prestados con normalidad.
• Se acusa que se habría favorecido la empresa con anticipos de la Nueva EPS en momentos en que ésta enfrentaba dificultades financieras, mientras otras entidades más necesitadas quedaron sin pago.
• Audifarma también estaría vinculado a una red empresarial conformada por varias compañías paralelas con los mismos dueños, usadas para diversificar inversiones en salud, clínicas privadas y servicios conexos.
• Las deudas de Audifarma estarían cifradas en más de 3 billones de pesos según documentos internos, lo cual plantea contradicciones entre sus obligaciones y las inversiones en su clínica privada.

Implicaciones

• Desvío de recursos públicos, la investigación sugiere que fondos que debían orientarse a medicamentos y atención podrían haber sido destinados al negocio privado de la clínica, generando un conflicto de interés grave.
• Integración vertical prohibida, la ley de salud colombiana impone límites a que entidades aseguradoras, dispensadoras de medicamentos o proveedores directos se integren verticalmente para evitar monopolios o desvío de recursos. Estas inversiones ponen en entredicho el cumplimiento de esas normas.
• Transparencia y responsabilidad estatal, el caso cuestiona el control estatal sobre los giros que las EPS realizan, la rendición de cuentas de los gestores farmacéuticos y la vigilancia que las entidades de control (Superintendencias, Fiscalía) deben ejercer.
• Riesgo al sistema de salud institucional, si los recursos destinados al servicio real de salud se distorsionan hacia proyectos privados, hospitales públicos y pacientes pueden quedar desfinanciados.

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