Hospitales de Antioquia frenan suspensión de servicios a usuarios de Nueva EPS tras pacto de pago

Varios hospitales públicos de mediana complejidad en Antioquia, agrupados en la Asociación de Empresas Sociales del Estado (Aesa), suspendieron su decisión de interrumpir la atención médica a afiliados de Nueva EPS, luego de que la entidad y su interventoría pactaran un cronograma de pagos ante las deudas acumuladas.

La medida de suspensión afectaría a cerca de un millón de usuarios en las nueve subregiones del departamento, abarcando procedimientos como hospitalizaciones, cirugías y partos. Los hospitales señalaron que las deudas con la EPS superaban los $250.000 millones.

Siete hospitales de mediana complejidad estaban listos para cerrar servicios desde la medianoche del sábado 20 de septiembre. Las localidades amenazadas incluían zonas como Turbo, Puerto Berrío, Yarumal, Caucasia, entre otras.

Acuerdos alcanzados

Tras una reunión con la interventora Gloria Polanía, los hospitales y la Nueva EPS acordaron varios puntos para postergar la suspensión de servicios:

• Girar hasta el 80 % de lo radicado en el mes anterior a los hospitales afectados.
• Establecer un calendario de estabilización de pagos: en octubre para hospitales de baja complejidad y mediana; en noviembre, para alta complejidad. 
• Ajustar la cápita (pago por afiliado) de los hospitales más pequeños: 40.000 COP para entidades con menos de 10.000 afiliados, y 35.000 COP para las de más usuarios. 
• Instaurar mesas de conciliación para revisar la cartera pendiente y garantizar un flujo continuo de pagos.
• Suspensión del cierre de servicios mientras se cumplan los compromisos pactados.

La atención continuará mientras la EPS honre lo acordado, aunque Aesa advirtió que la continuidad dependerá de que los compromisos se ejecuten en los plazos señalados.

Riesgo estructural de la Nueva EPS

La situación financiera de la Nueva EPS es crítica. Un informe de la Contraloría reportó un deterioro patrimonial grave en los últimos años: de tener un patrimonio positivo de $485.000 millones en 2022, a registrar un déficit que supera los $6 billones en marzo de 2025. Si la tendencia persiste, el déficit podría llegar a $9,16 billones a fin de año.

Este escenario coloca en riesgo no solo la sostenibilidad de la EPS, sino también la prestación efectiva del servicio de salud para millones de afiliados.

El caso evidencia la fragilidad del sistema de aseguramiento en salud cuando la intermediación financiera no logra resolver la crisis de cartera. Además, plantea preguntas sobre:

• La responsabilidad del Estado y la Superintendencia de Salud en garantizar pagos oportunos a hospitales públicos.
  
• Las consecuencias para los pacientes si los compromisos no se cumplen.
  
• Los mecanismos de control y transparencia para evitar que deudas acumuladas obliguen a clausuras de servicios esenciales.
  

Para el sector salud, este episodio sirve como alerta: la estabilidad de los hospitales públicos depende de una mejor gestión financiera, de mecanismos previsores frente a crisis de flujo y de una supervisión real que no permita que las deudas se acumulen hasta poner en riesgo la atención a la población.

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