“Golpe a la salud” ponencia alternativa podría entregar más de 60 billones de pesos a las EPS, advierte Minsalud

El Ministerio de Salud y Protección Social alertó este 26 de septiembre de 2025 sobre el contenido de una ponencia alternativa para la reforma del sistema de salud que, a su juicio, implicaría graves retrocesos para el financiamiento público del derecho fundamental a la salud.

De acuerdo con el comunicado oficial, los puntos más críticos serían:

Que más de 60 billones de pesos provenientes de impuestos de los colombianos podrían terminar en manos de las EPS durante los próximos cinco años, fortaleciendo entidades que ya están en estado de insolvencia financiera.

La intermediación financiera y el manejo discrecional de los recursos del sistema de salud seguirían estando bajo el control de las EPS, a pesar de las evidencias de su ineficiencia, deudas acumuladas e incumplimientos frente a hospitales, clínicas y proveedores.

Las funciones constitucionales del Ministerio de Salud serían usurpadas por el Consejo Nacional de Salud, que pasaría de ser consultivo a definir políticas en áreas como el Plan de Beneficios, la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y tecnologías sanitarias. La UPC dejaría de ser un mecanismo de financiación que garantice prestaciones para el Plan de Beneficios, para transformarse en instrumento que fortalezca el patrimonio de entidades privadas.

El cálculo de la UPC sería validado por una universidad internacional, lo que podría diluir la responsabilidad nacional sobre esos recursos y se eliminaría la cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, debilitando gravemente la viabilidad operativa de hospitales públicos que dependen del financiamiento estatal. Muchos servicios esenciales, el pago por maternidad para mujeres no cotizantes y garantías laborales para el personal de salud podrían quedar seriamente afectados o desprotegidos.

El Ministerio insistió en que esta ponencia constituye un retroceso inaceptable y que seguirá promoviendo una reforma que coloque la vida de las personas como eje central, que garantice uso transparente y eficiente de recursos, y proteja la salud pública frente a intereses privados.

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