Unidad de Víctimas, en la mira por presunto carrusel de contratos vinculado a Gustavo Moreno

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado está bajo la lupa de los entes de control tras revelaciones sobre un presunto carrusel de contratación con fuertes nexos políticos. De acuerdo con una investigación publicada por la Revista Semana, cerca de 479 contratos adjudicados en la entidad estarían relacionados con el senador Gustavo Moreno, el actual director de la Unidad, Adith Rafael Romero, y el exalcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach.

Los contratos, financiados con recursos públicos, estarían beneficiando a contratistas con raíces en Santander, el mismo departamento del senador Moreno. Según el informe, 157 contratos (32%) fueron asignados a personas oriundas de Santander, superando ampliamente a otras regiones como Bogotá (104), Norte de Santander (39) y Boyacá (29). El resto, 150 contratos, se reparten entre otros 20 departamentos del país.

El presunto entramado habría comenzado a consolidarse en junio de 2024, cuando Romero, exescolta de la Alcaldía de Barrancabermeja, asumió la dirección de la Unidad. Desde entonces, se habría promovido una estructura de contratación dirigida principalmente a fortalecer el fortín político del senador Moreno, quien estaría buscando su reelección al Senado para el periodo 2026.

Las denuncias también señalan que esta red de contratación podría formar parte de un acuerdo político con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a cambio del respaldo de Moreno a las reformas impulsadas en el Congreso.

La Unidad de Víctimas, que maneja un presupuesto anual cercano a 4,5 billones de pesos destinados a la atención de casi 10 millones de víctimas del conflicto armado, enfrenta ahora cuestionamientos sobre el posible desvío de recursos públicos hacia fines políticos y electorales.

Ante la gravedad de las denuncias, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República han iniciado investigaciones formales para establecer responsabilidades y verificar si existió una estructura sistemática de corrupción en la contratación pública al interior de la entidad.

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