Petro impulsa resignificación de la hoja de coca: usos ancestrales, diplomacia y proyecto legal

El gobierno de Gustavo Petro avanza con una estrategia para resignificar la hoja de coca, buscando desmontar el estigma asociado a esta planta y reconocer sus usos tradicionales, medicinales, culturales, gastronómicos y económicos, especialmente para los pueblos indígenas. Esta iniciativa aparece en un documento de la Cancillería al que tuvo acceso El Espectador, donde se proyecta la producción y distribución de materiales pedagógicos (libros y afiches) que destaquen esos aspectos.

Paralelamente, ante organismos internacionales como la ONU y la Comisión de Estupefacientes, Colombia ha impulsado la idea de excluir la hoja de coca de la lista de sustancias consideradas dañinas, argumentando que su potencial y uso tradicional no implican necesariamente producción de cocaína. La propuesta ha recibido respaldo de países como Bolivia.

La propuesta internacional: excluir la hoja de coca de listas de sustancias dañinas

En lo interno, se proyecta un proyecto de ley que regule la siembra, transformación y exportación de la hoja de coca para usos lícitos (medicinales, culturales, con fines alimentarios, etc.). Esta regulación buscaría ofrecer alternativas económicas legalizadas para los cultivadores, promover la agroindustrialización y evitar que los cultivos ilícitos sigan siendo la única fuente de ingreso en muchas zonas rurales.

El documento de la Cancillería señala que, para esta estrategia de comunicación internacional, se contratarán entre 3.000 y 5.000 ejemplares pedagógicos como afiches y libros que se usarán en los viajes diplomáticos del presidente y otros funcionarios. Se estima que cada unidad costará alrededor de $143.350 pesos, con un costo total que superaría los $338 millones de pesos.

La propuesta de resignificar la hoja de coca marca un punto de inflexión en la política de drogas de Colombia, donde la guerra contra los cultivos y el narcotráfico busca complementarse con el reconocimiento cultural, científico y económico de una planta que históricamente ha sido demonizada. Lograr una regulación respetuosa, una percepción internacional distinta y una política que ofrezca alternativas reales para campesinos dependerá de la construcción de consensos, la evidencia científica, los cambios normativos nacionales e internacionales, y de que esta nueva narrativa no se quede solo en discursos.

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