Contraloría detecta hallazgo fiscal por $5.670 millones en la Aerocivil por contratos sin licencias ambientales

La Contraloría General de la República estableció un hallazgo fiscal por $5.670 millones en contra de la Aerocivil, tras evidenciar presunto detrimento patrimonial en la ejecución de un contrato que carecía de las licencias y permisos ambientales necesarios para operar.

El hallazgo de la Contraloría

De acuerdo con el comunicado oficial, el caso se detectó durante una Auditoría Financiera sobre la vigencia 2024 a la Aeronáutica Civil. El contrato cuestionado, identificado como 22001380-02 H3 de 2022, tenía por objeto la prestación de servicios de mantenimiento y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, potables e industriales en varios aeropuertos del país.

Sin embargo, la Contraloría comprobó que en 10 terminales aéreos –entre ellos Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente y Villagarzón– las operaciones se llevaron a cabo sin las licencias, permisos o autorizaciones ambientales correspondientes expedidas por las Corporaciones Autónomas Regionales.

Riesgo para la salud pública y el ambiente

El organismo de control advirtió que la falta de licencias representa un posible riesgo para la salud pública de los usuarios y visitantes de los aeropuertos, así como para los habitantes de las zonas aledañas. La ausencia de autorizaciones no solo constituye una irregularidad administrativa, sino también una violación a la normativa ambiental vigente.

Según la normatividad, las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) deben contar con concesiones de agua aprobadas por la autoridad regional competente, mientras que las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) requieren un permiso de vertimientos. Ninguno de estos requisitos estaba vigente en los aeropuertos auditados.

Retrasos en programas estratégicos

La auditoría también reveló serios retrasos en el Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales en regiones apartadas (ASAE), priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque debía finalizar en mayo de 2025, para diciembre de 2024 apenas registraba un avance del 2,31 %, lo que refleja baja ejecución y falta de cumplimiento de metas estratégicas del Gobierno Nacional.

Próximos pasos

La Contraloría advirtió que continuará con las investigaciones y procesos de responsabilidad fiscal, en busca de establecer a los responsables directos del daño patrimonial. Además, instó a la Aerocivil a regularizar cuanto antes los permisos ambientales en todos los aeropuertos implicados.

Este hallazgo vuelve a poner en debate la gestión de los contratos públicos y el cumplimiento de normas ambientales, claves para garantizar la seguridad, la salud y la sostenibilidad en la infraestructura aeroportuaria del país.

Sigue leyendo más noticias en Revista Poder

Si quieres conocer más de Revista Poder, visita nuestro canal de  YouTube