“Inaceptables”: Lidio García eleva alerta por deterioro del orden público y exige respuesta inmediata tras los ataques en Cali y Amalfi

El presidente del Congreso, Lidio García, rechazó con contundencia los atentados terroristas perpetrados este jueves en Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca), y pidió a las autoridades una reacción “contundente e inmediata” para restablecer la tranquilidad ciudadana. “Los atentados con carros bomba en Cali y el asesinato de ocho policías mediante drones cargados de explosivos son hechos inaceptables que evidencian la audacia de la criminalidad”, señaló el congresista, quien advirtió que el país no puede “retroceder a épocas de magnicidios, terrorismo urbano y tecnología al servicio del crimen”.

Escalada criminal y nuevas tácticas

Los hechos que motivaron el pronunciamiento ocurrieron con pocas horas de diferencia. En zona rural de Amalfi, disidencias de las FARC derribaron un helicóptero de la Policía utilizando un dron con explosivos, dejando ocho uniformados muertos y ocho heridos. Más tarde, en Cali, un camión cargado con explosivos estalló frente a una base aérea, con saldo preliminar de cinco fallecidos y al menos 40 personas heridas. Para García, el uso combinado de carrobomba y drones refleja una mutación del delito que obliga a actualizar capacidades de inteligencia, control territorial y defensa.

El presidente del Congreso insistió en que la respuesta del Estado debe priorizar la protección de la población civil y de la Fuerza Pública, el desmantelamiento de las redes logísticas detrás de estos ataques y una coordinación interinstitucional que incluya a Gobierno nacional, autoridades locales y organismos de control. También expresó solidaridad con las víctimas y sus familias.

En paralelo, desde el Ejecutivo se anunciaron medidas de refuerzo militar en el suroccidente y el Valle del Cauca y se descartó la conmoción interior, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables. García reiteró que el Congreso hará seguimiento permanente a las acciones de las autoridades y mantendrá la vigilancia política para que las decisiones se traduzcan en resultados verificables en seguridad y justicia.

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