Contraloría abre indagación por sobrecostos en motos para Policía

La Contraloría de Bogotá realiza una visita administrativa al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero para investigar presuntas irregularidades en el contrato 279 de 2025, relacionado con la compra de cinco motocicletas por un valor de 93,6 millones de pesos cada una, destinadas a la Estación de Policía de la localidad.

El acuerdo ha generado cuestionamientos públicos debido a que en otras localidades como Barrios Unidos y Suba, la adquisición de motos con el mismo proveedor se hizo a un precio considerablemente menor, cerca de 52 millones de pesos por unidad. Esta diferencia ha sido motivo de denuncias por parte de concejales, entre ellos Daniel Briceño y Diana Diago, lo que llevó al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a ordenar la terminación anticipada del contrato el pasado 6 de agosto, según informó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

La alcaldesa local de Chapinero, Alexandra Mejía Guzmán, explicó que el proceso contractual comenzó el 10 de marzo y que, ante la falta de solicitudes a través de la plataforma Secop, se optó por solicitar cotizaciones directas a proveedores. Estas ofrecieron valores cercanos a los 96 millones de pesos por motocicleta, justificando así el precio elevado del acuerdo.

Además, Mejía detalló que el pliego de condiciones y los estudios previos fueron publicados el 23 de mayo sin recibir observaciones, y que el contrato se adjudicó el 27 de junio, mientras que en Barrios Unidos y Suba la adjudicación se realizó después, en julio y agosto, respectivamente. Según ella, todos los procesos siguieron los mismos criterios de evaluación.

La alcaldesa enfatizó que, aunque se reportaron sobrecostos, no se efectuaron pagos ni entregas de las motocicletas, y que la decisión de liquidar el contrato de mutuo acuerdo, sin costo, se tomó para preservar la transparencia, optando por adquirir motos a precios promedios de 54 millones de pesos.

“Nuestra función es atender las visitas y brindar la información requerida, lo que hemos hecho”, afirmó Mejía, quien lamentó que en el debate público se haya especulado sobre un posible desvío de recursos.

Por su parte, Andrés Rojas, director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría, señaló que se revisarán todas las etapas del proceso para determinar posibles faltas disciplinarias o detrimento patrimonial.

“Continuaremos verificando el uso de los recursos, especialmente en temas sensibles como la seguridad ciudadana”, afirmó, anunciando que la Contraloría mantendrá el control fiscal sobre este y otros casos de interés público.

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