Colombia entra al último año de Gobierno Petro con una crítica crisis fiscal y una reforma tributaria incierta

A un año de que finalice el mandato de Gustavo Petro, Colombia enfrenta una de las coyunturas fiscales más complejas de los últimos años. El país arrastra un déficit fiscal cercano al 8 % del PIB, una deuda pública que bordea el 60 %, y un presupuesto para 2026 que no tiene respaldo financiero completo, según advierte el Instituto de Ciencia Política (ICP) Hernán Echavarría Olózaga.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, califica el panorama como “crítico”. En diálogo con EFE, alertó que el Gobierno nacional no solo incumple el marco fiscal de mediano plazo que él mismo expidió, sino que además ha presentado al Congreso un presupuesto desfinanciado de más de 556 billones de pesos, que depende en gran medida de la aprobación de una nueva reforma tributaria para recaudar cerca de 26 billones de pesos (unos 6.300 millones de dólares).

“El gasto público sigue creciendo, sobre todo en funcionamiento, sin un plan serio de austeridad ni recorte estructural. Se sigue contratando personal a través de prestación de servicios y no hay señales claras de control del gasto”, advierte Chacón.

Para completar el cuadro, en junio pasado el Ministerio de Hacienda activó la llamada cláusula de escape, suspendiendo la regla fiscal por tres años, lo que permite al Ejecutivo desviarse del cumplimiento de las metas de sostenibilidad fiscal. Según Chacón, esto envía una señal negativa a los mercados, en un momento donde Colombia ya paga tasas de interés más altas que otros países de la región.

Una tercera reforma tributaria en medio de incertidumbre política

El proyecto de ley con el que el Gobierno busca asegurar los recursos de 2026 ha sido bautizado como “ley de financiamiento”, aunque en esencia es una tercera reforma tributaria. No obstante, su aprobación luce lejana ante un Congreso fragmentado, en donde el oficialismo ha perdido margen de maniobra.

“Es una propuesta irresponsable en un contexto de baja inversión, cierre de empresas, pérdida de competitividad y desconfianza generalizada. Castigará aún más a quienes generan empleo e ingresos en el país”, afirmó el experto.

Con las elecciones presidenciales y legislativas en el horizonte, el aumento del gasto para 2026 también enciende alarmas sobre el uso clientelista de los recursos públicos. “El 66 % del presupuesto será destinado a gastos de funcionamiento, mientras la inversión es mínima y sin impacto estratégico. Eso refuerza la percepción de un Estado pesado, poco eficiente y con escaso control del gasto”, agregó Chacón.

Una hoja de ruta para el próximo gobierno

Ante este escenario, el ICP presentó la estrategia L3P (Liberar el Potencial de las Personas y del País), un documento programático que busca orientar el debate presidencial de 2026. La propuesta está centrada en cinco ejes: reforma del Estado, crecimiento económico, seguridad, infraestructura y medio ambiente, y generación de conocimiento.

“Sin una reforma profunda del Estado, no habrá seguridad, educación de calidad ni crecimiento sostenible”, concluye el informe, que plantea como prioridad el equilibrio fiscal, la confianza en la inversión privada y la eficiencia en la gestión pública.

La advertencia está sobre la mesa: el último año de Petro estará marcado por la urgencia de ordenar las finanzas, pero también por la presión electoral. La pregunta ahora es si el Congreso, el Ejecutivo y los aspirantes presidenciales estarán dispuestos a afrontar las reformas que el país necesita o si, una vez más, prevalecerá el cortoplacismo.

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