No hay marcha atrás: Corte Suprema ratifica condena a Epa Colombia por vandalismo
La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de cinco años de prisión contra la influencer Epa Colombia, quien permanece detenida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, tras ser hallada culpable por su participación en actos de vandalismo durante las protestas sociales de 2019.
A pesar de haber intentado varias alternativas legales para recuperar su libertad, la influencer no ha logrado modificar su situación. Su defensa había presentado una tutela contra las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, buscando la revisión de la condena. Sin embargo, el magistrado Iván Mauricio Lenis, ponente del caso, rechazó los argumentos de la defensa y validó las decisiones previas.
El fallo conocido por la revista SEMANA destaca que la Corte desestimó los reclamos de la defensa de Epa Colombia relacionados con un supuesto vicio en el consentimiento de la aceptación de cargos por instigación para delinquir con fines terroristas. La Corte explicó que, tras un análisis exhaustivo, se confirmó que la influencer aceptó los cargos de manera voluntaria durante las audiencias de 2019, estando asesorada por su abogado de confianza.
En el proceso, se recalcó que Epa Colombia violó los límites establecidos para la protesta social, al recurrir a la violencia y destrucción de bienes públicos. Su participación en el ataque a la estación Molinos de TransMilenio, donde utilizó un martillo para causar daños materiales, y su agresión a la URI de Tunjuelito, fueron fundamentales en la decisión judicial.
El fallo concluyó que las sentencias emitidas no fueron «arbitrarias ni caprichosas», y que el juez de primera instancia actuó con total razonabilidad al dictar la condena. La Corte precisó que no existen causales para intervenir en la decisión del juez natural y que, por lo tanto, no se justifican las medidas urgentes solicitadas por la defensa.
Con esta decisión, Epa Colombia continuará cumpliendo su condena en el centro penitenciario El Buen Pastor, mientras las autoridades mantienen el foco en su responsabilidad por los destrozos ocurridos en las protestas de 2019.



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