Dueño de Sanitas lanza fuerte advertencia a Petro: ‘Nuevo problema a la vista’

El enfrentamiento entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas, alcanzó un nuevo nivel de tensión luego de que el mandatario acusara al presidente de la empresa, Joséba Grajales, de ser un “criminal”. En una alocución televisada el martes, Petro arremetió contra Keralty, acusando a la compañía de robar recursos del sistema de salud colombiano y de financiar ilegalmente campañas políticas, lo que, según él, constituye un “crimen de lesa humanidad”. Además, el presidente anunció que llevaría el tema al plano internacional, mencionando al rey de España en referencia a la nacionalidad de Grajales.

La respuesta de Keralty no se hizo esperar. A través de un comunicado, la empresa rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de parte de una campaña de desprestigio del Gobierno. La compañía recordó que la Corte Constitucional declaró ilegal la intervención a Sanitas en junio de este año y acusó al presidente Petro y su equipo de difundir desinformación. «No pueden destruirnos con mentiras», dijo Grajales, quien además anunció que tomará acciones legales tanto a nivel nacional como internacional contra Petro y sus colaboradores por la difamación.

Este choque verbal y legal ocurre en medio de una creciente polémica sobre la crisis del sistema de salud colombiano, en la que el Gobierno insiste en que las EPS son responsables de la mala gestión de los recursos públicos. Según Petro, las EPS deben reformarse o incluso desaparecer, mientras que desde el sector privado, como en el caso de Keralty, se defiende que su trabajo en la prestación de servicios de salud ha sido legítimo y profesional. El reciente fallo de la Corte Constitucional, que declaró ilegal la intervención a Sanitas, ha sumado más complejidad al conflicto.

Con el trasfondo de estas tensiones, el enfrentamiento parece no solo afectar las relaciones entre el Gobierno y el sector privado en salud, sino también abrir un nuevo capítulo en la disputa por el futuro del modelo de salud del país. Las amenazas de acciones judiciales y un posible choque diplomático internacional apuntan a que este conflicto podría tener repercusiones más allá de las fronteras colombianas, marcando un antes y un después en la relación entre el Estado y los actores privados en el sistema de salud.