Exlíderes de las FARC admiten ante la JEP reclutamiento forzado de más de 18 mil menores

En un avance significativo dentro del proceso judicial que lleva la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los seis exmiembros del último secretariado de las FARC-EP reconocieron su responsabilidad colectiva en el reclutamiento y uso de menores durante el conflicto armado colombiano. Este reconocimiento fue formalizado mediante un comunicado oficial que responde al Auto 005 de 2024, relacionado con el Macrocaso 07, dado a conocer en noviembre del año pasado.

En el documento, los exguerrilleros calificaron como “injustificable” esta práctica, que afectó a más de 18 mil niños, niñas y adolescentes y dejó profundas secuelas tanto en las víctimas como en sus familias y comunidades. Aseguraron que, pese a las condiciones de guerra prolongada y el contexto histórico de abandono y desigualdad en el país, estas acciones generaron un daño irreparable al tejido social.

El pronunciamiento, firmado por Rodrigo Londoño (Timochenko), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), Pastor Alape, Milton Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra (El Médico), es la primera admisión formal tras la imputación judicial por crímenes de guerra y lesa humanidad. En ese sentido, reconocen el reclutamiento forzado como una violación grave al Derecho Internacional Humanitario.

La JEP determinó que entre 1996 y 2016 fueron reclutados al menos 18.667 menores, de los cuales cerca de 5.700 tenían menos de 15 años, agravando la responsabilidad de los imputados. Aunque existían órdenes internas para evitar reclutar a menores de 15 años, estas no se aplicaron ni se investigaron efectivamente.

Además, los exjefes solicitaron que se unifiquen las investigaciones y se emita una sola resolución para agilizar la justicia para las víctimas. En paralelo, destacaron su compromiso con procesos de reparación que incluyen actos de reconocimiento, apoyo al desminado, búsqueda de desaparecidos y participación en diálogos restaurativos.

No obstante, el comunicado no aborda temas relacionados con la violencia sexual sufrida por menores reclutados, un punto pendiente que la JEP continuará analizando en su investigación.

La JEP evaluará ahora si esta respuesta cumple con los estándares de verdad y contribuye a la reconciliación nacional. De ser así, los excombatientes podrían acceder a sanciones alternativas centradas en la reparación, mientras que una respuesta insuficiente los enfrentaría a penas de cárcel ordinaria.

Este reconocimiento marca un momento importante en el camino hacia la verdad y la justicia, aunque aún quedan desafíos para abordar todas las violencias sufridas durante el conflicto armado.