Tensión debido al traslado de la comunidad embera

La decisión de la Alcaldía de Bogotá de reubicar a la comunidad indígena embera en la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac), ubicada en el barrio Montevideo, ha generado una fuerte ola de inconformismo entre los residentes de Ciudad Salitre Occidental y sectores aledaños. La medida, que busca dar cumplimiento a un fallo judicial que exige condiciones dignas para esta población, ha sido calificada por los vecinos como arbitraria y carente de socialización previa.

La Asociación de Propietarios de Salitre (Asosalitre) lidera el rechazo ciudadano, argumentando que la reubicación podría agravar problemáticas ya existentes en la zona, como inseguridad, deterioro del espacio público, asentamientos informales y explotación de población vulnerable. En un comunicado, la organización señaló que la llegada de la comunidad embera representaría un retroceso en los esfuerzos de recuperación del entorno que se han venido adelantando desde hace más de un año.

Christian Quiñónez, vocero de los residentes, expresó que la medida no ofrece soluciones sostenibles ni para la comunidad indígena ni para los más de 18.000 habitantes del sector. “La ciudad debe responder con alternativas que integren, no que excluyan ni generen nuevos focos de conflicto”, afirmó.

La indignación ciudadana ha derivado en una campaña de recolección de firmas que ya supera las 18.000 rúbricas, así como en la convocatoria a una jornada de protesta pacífica frente al predio del Idpac, programada para el lunes 7 de julio a las 6:30 p. m.

Concejales como Daniel Briceño y Julián Espinoza se solidarizaron con los vecinos, instando a la administración distrital a buscar alternativas que no generen nuevas tensiones sociales. Incluso el sindicato del Idpac expresó su rechazo, señalando que la medida implicaría el desplazamiento de los trabajadores de la entidad.

Los habitantes insisten en que no se oponen a la atención institucional de la comunidad embera, pero exigen que esta se realice en espacios adecuados y con un diálogo abierto y respetuoso. Proponen considerar predios con mejor infraestructura y menor impacto social, y recuerdan los problemas que generaron reubicaciones similares en el Parque Nacional y La Rioja.

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