El exdirector de Función Pública, César Manrique, imputado por corrupción en la UNGRD

El caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue tomando fuerza, alcanzando a figuras clave dentro del Gobierno de Gustavo Petro. El exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El exfuncionario se declaró inocente ante los cargos que se le atribuyen.

La investigación sugiere que Manrique habría sido uno de los líderes de una organización criminal que operó entre 2023 y 2024, integrada por funcionarios públicos, contratistas y particulares. Su objetivo, según la Fiscalía, era el direccionamiento ilícito de contratos en la UNGRD, especialmente en el departamento de La Guajira. Esta red habría desviado recursos destinados a la gestión del riesgo en el país.

Una de las principales pruebas presentadas por el ente acusador es el incremento sospechoso en el patrimonio de Manrique, quien, según las investigaciones, habría ganado 3.000 millones de pesos de manera ilícita. La fiscal María Cristina Patiño explicó que esta ganancia fue producto de las coimas solicitadas en el marco de un contrato con la Corporación Yapurutú. El contrato tenía como objeto la adquisición de 40 carrotanques, pero se utilizó presuntamente para encubrir pagos ilegales a través de una red de intermediarios.

La acusación también abarca la presunta manipulación de contratos relacionados con un convenio de 100 mil millones de pesos firmado entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Según la Fiscalía, Manrique habría utilizado su influencia para que estos recursos fueran redirigidos hacia contratos específicos, a cambio de recibir un porcentaje ilícito del 7% como coima.

Este caso ha tenido repercusiones significativas, no solo por los montos involucrados, sino también por las conexiones de alto nivel que ha revelado en el gobierno de Petro. Además, el escándalo ha puesto en el centro del debate la relación entre el Ejecutivo y las contrataciones públicas, especialmente en sectores tan sensibles como la gestión del riesgo.

Por su parte, la defensa de Manrique ha impugnado el proceso, argumentando que las imputaciones están vinculadas a su labor como director de la Función Pública, lo que, según su versión, justificaría que el proceso fuera asumido por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, debido a un fuero constitucional que le otorgaba inmunidad.

La investigación sigue su curso, y el caso promete ser uno de los más relevantes dentro de la lucha contra la corrupción en la administración pública en Colombia. La Fiscalía ha dejado claro que, si se comprueba la culpabilidad de Manrique, las consecuencias legales serán severas, no solo para él, sino para todos los involucrados en este entramado de corrupción que se ha destapado dentro de la UNGRD.