Avances en la modernización de la Justicia Penal Militar y Policial

La modernización de la Justicia Penal Militar y Policial en Colombia continúa avanzando con la implementación de la cuarta fase del nuevo sistema oral acusatorio, el cual ahora cubre el 100% del territorio nacional. Esta reforma, que comenzó en 2022, busca agilizar y hacer más transparente el proceso judicial para los uniformados que cometen faltas en el ejercicio de sus funciones.

La transición del sistema inquisitivo, que en su momento estaba saturado de casos sin resolver, a este nuevo modelo de justicia penal se realizó en cuatro fases, comenzando con un piloto en Bogotá y extendiéndose gradualmente al resto del país. Con la reciente posesión de 18 nuevos jueces y fiscales el pasado 25 de junio, la unidad encargada de administrar la justicia a militares y policías cierra esta etapa de modernización, esperando que los procesos sean más rápidos y efectivos, reduciendo la impunidad en los casos que involucran a miembros de la Fuerza Pública.

José Reyes Rodríguez Casas, director de la unidad, destacó que el objetivo es garantizar agilidad, transparencia y eficacia en los procesos judiciales, a la vez que se lucha contra la impunidad. Afirmó que los nuevos funcionarios tienen el deber de defender y perfeccionar el modelo de justicia, para asegurar que el sistema funcione de manera legítima y eficiente. Este avance en la reforma es crucial para mejorar la administración de justicia, particularmente en casos que involucran a las fuerzas del orden.

Sin embargo, la reforma enfrenta varias críticas. Algunos expertos consideran que el sistema aún tiene limitaciones importantes, especialmente en la capacidad para investigar a los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Militares, quienes frecuentemente son los que toman decisiones clave en casos de faltas graves. Además, el sistema enfrenta retos financieros, pues las tareas como la digitalización de expedientes están actualmente suspendidas debido a recortes de presupuesto y problemas fiscales.

A pesar de estos desafíos, las primeras fases de la reforma ya han mostrado avances notables, como la resolución de casos en plazos de hasta un mes, lo que ha permitido reducir significativamente los rezagos judiciales. Las autoridades esperan que, para finales de 2026, el sistema antiguo quede completamente saneado, y que la nueva estructura de justicia penal garantice procesos más ágiles y transparentes, sin que se acumulen más casos pendientes o que queden impunes.

La modernización de la Justicia Penal Militar y Policial sigue enfrentando retos, pero con su cobertura nacional completa, se espera que este nuevo sistema se convierta en una herramienta clave para garantizar justicia efectiva para los uniformados, en un contexto donde las reformas son esenciales para mejorar la transparencia y la confianza pública.