Petro se distancia de reforma laboral y evalúa consulta popular por decreto

El presidente Gustavo Petro ha expresado su rechazo a la actual versión de la reforma laboral que se discute en el Senado colombiano, calificándola como una «contrarreforma» debido a la inclusión del controvertido artículo 37. Este artículo regula el trabajo por horas y días para jornadas inferiores al máximo legal, lo que, según las centrales obreras CUT y CGT, precariza el empleo al permitir una remuneración proporcional que debilita derechos como el salario mínimo, la seguridad social y las vacaciones.

Inicialmente, el Gobierno celebró avances en el texto del Senado, como el aumento del recargo dominical y festivo al 100% y la extensión del pago nocturno, pero la inclusión del artículo 37 cambió su postura. Petro y su ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ahora apoyan una posible consulta popular como alternativa, dado que la plenaria del Senado aún debe votar.

Las centrales obreras han mantenido una postura crítica, apoyando movilizaciones y denunciando retrocesos laborales, mientras que la senadora Angélica Lozano, ponente del proyecto, insiste en que los votos del oficialismo serán clave para su futuro. El panorama legislativo y social se complica, y el camino hacia una reforma definitiva permanece incierto.

En este contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha señalado que el Gobierno evaluará la posibilidad de convocar una consulta popular por decreto, respaldado por opiniones de expresidentes de la Corte Constitucional que consideran viable esta medida debido a irregularidades en el proceso legislativo.

Esta situación ha generado un debate sobre la legitimidad de utilizar consultas populares para aprobar reformas, especialmente cuando el Congreso aún no se ha pronunciado de manera definitiva.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha advertido que el Congreso es un poder autónomo y que cualquier intento de imponer decisiones por fuera del marco constitucional será defendido en las instancias correspondientes.

La discusión sobre la reforma laboral y la posible consulta popular continúa siendo un tema central en la política colombiana, con implicaciones significativas para los derechos laborales y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.