Alerta por millonaria licitación de transporte escolar en La Guajira: denuncian posibles irregularidades y falta de pluralidad

Un nuevo escándalo sacude la contratación pública en La Guajira, luego de que diversos actores del sector transporte y organizaciones ciudadanas denunciaran presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública No. 004 de 2025, cuyo objetivo es garantizar el servicio de transporte escolar para más de 10.800 estudiantes en 12 municipios del departamento.

La licitación, que cuenta con un presupuesto superior a los 49.600 millones de pesos, fue señalada por limitar la participación de oferentes debido a exigencias técnicas y de experiencia que, según denuncias, solo permitirían la postulación de una empresa: la Asociación de Relacionistas y Transportadores de La Guajira – RELATURG.

De acuerdo con el oficio enviado por la Asociación Nacional de Transporte Especial y Turismo (ASONALTET) a la Presidencia de la República y otros entes de control, los requisitos del proceso son «exorbitantes» y vulneran principios fundamentales de la contratación pública como la transparencia, libre concurrencia y selección objetiva. Entre ellos se exige haber ejecutado tres contratos por más de 52.000 salarios mínimos, con atención a población étnica en municipios específicos de La Guajira, lo cual, en la práctica, excluye a casi todas las empresas del país.

ASONALTET también cuestionó la clasificación técnica del contrato (códigos UNSPSC) al señalar que este se encuadra erróneamente en categorías de “servicios de personal temporal” y “vehículos de pasajeros”, cuando el objeto real es la prestación de un servicio de transporte escolar especializado. Esta codificación errónea, según el gremio, genera confusión y reduce aún más las posibilidades de competencia.

Por su parte, la Contraloría General de la República, mediante oficio oficial, trasladó la denuncia a la Procuraduría General de la Nación, resaltando que el asunto debe ser investigado conforme a las competencias del órgano disciplinario. El ente de control enfatizó que no actúa como denunciante pero reconoce la gravedad del caso.

Las críticas también apuntan a la falta de claridad sobre la financiación del contrato, ya que, aunque este se ejecutará entre 2025 y 2026, no se especifica si existen vigencias futuras aprobadas para cubrir la totalidad del gasto.

La situación ha generado alarma entre comunidades educativas y líderes sociales del departamento, quienes denuncian que, mientras avanza esta polémica licitación, miles de niños siguen desplazándose a pie o en medios improvisados para llegar a sus escuelas.

“La niñez no puede seguir pagando el precio de los favores políticos. Los niños merecen transporte digno y seguro”, afirmaron voceros del sector transporte en un comunicado público.

Organizaciones como ASONALTET solicitan que el proceso sea suspendido, revisado a fondo y acompañado por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para garantizar un proceso transparente, equitativo y libre de direccionamientos. Advierten que de mantenerse las condiciones actuales, podría configurarse un nuevo caso de contratación dirigida en una región históricamente golpeada por la corrupción.