El Canciller Álvaro Leyva continúa ejerciendo pese a suspensión de la procuraduría.

A pesar de la suspensión de tres meses impuesta por la Procuraduría al canciller colombiano Álvaro Leyva, el funcionario persiste en sus labores y asiste regularmente al Palacio San Carlos para cumplir con sus funciones. La decisión disciplinaria, tomada el 24 de enero, se debió a la declaración desierta de una licitación de pasaportes, alegadamente infringiendo la ley, según la Procuraduría.

El presidente colombiano Gustavo Petro aún no ha designado un reemplazo para Leyva durante el periodo de suspensión. Mientras tanto, el canciller ha expresado su respaldo al presidente Petro en redes sociales y ha emitido comunicados en nombre del Gobierno, generando incertidumbre sobre la efectividad de su suspensión.

La suspensión de Leyva se dio con el propósito de prevenir futuras faltas disciplinarias relacionadas con la licitación de pasaportes. Aunque la Procuraduría instó al inmediato acatamiento de la suspensión, el canciller continúa en funciones, generando posibles conflictos de poder y cuestionamientos sobre la efectividad de las decisiones disciplinarias.

Expertos legales advierten que la falta de acatamiento a la suspensión podría desencadenar un conflicto de poderes entre el presidente y la Procuraduría. Además, se especula sobre la posibilidad de presentar una demanda ante la Comisión de Acusación de la Cámara, aunque históricamente esta instancia ha sido criticada por su limitada eficacia. La situación evidencia una compleja dinámica entre las instituciones y plantea interrogantes sobre el futuro del canciller y las decisiones tomadas durante su periodo de suspensión.