JEP Imputa a Tres Exmilitares por Falsos Positivos en Casanare

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha formalizado la imputación de crímenes de guerra y lesa humanidad contra tres exmilitares, vinculados a los llamados “falsos positivos” en Casanare, ocurridos entre 2005 y 2008. Los imputados son el teniente coronel retirado Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, el sargento retirado Jaime Luis Olivera Arrieta y el subteniente retirado Gustavo Alberto Parada Cuéllar, quienes enfrentan cargos por homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Este caso hace parte del subcaso Casanare, dentro del macrocaso 03, que investiga las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército en diversas regiones del país. En Casanare, las investigaciones han identificado hasta ahora 303 víctimas de este patrón de asesinatos, en los que civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combate.

Según la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, estos tres exmilitares fueron parte de una estructura dentro de la Brigada 16 del Ejército, que operó de manera sistemática en la región, llevando a cabo ejecuciones y presentándolas como enfrentamientos con la guerrilla. Sarmiento Valbuena, quien se desempeñó como oficial de inteligencia, está acusado de facilitar el uso de información del DAS para planificar operaciones ilegales y autorizar pagos por resultados que en realidad eran asesinatos de civiles. Además, habría promovido la falsificación de registros en las bases de datos institucionales.

Por su parte, Olivera Arrieta, quien también trabajaba en inteligencia, es señalado de elaborar informes que sustentaron operaciones que terminaron con la muerte y desaparición de víctimas. Se le atribuye la coordinación de actividades con el Gaula y el DAS, lo que ayudó a construir el falso relato de combates.

En tanto, Parada Cuéllar, quien comandaba el pelotón Cobra 4, habría participado directamente en la captura, retención y asesinato de civiles, utilizando su conocimiento del terreno para facilitar estos crímenes.

Con esta decisión, la JEP ha identificado a 29 personas como responsables de los crímenes en este subcaso, que involucra a militares, civiles y funcionarios del extinto DAS. Los tres imputados tienen un plazo de 30 días para aceptar o rechazar los cargos, y en caso de no asumir su responsabilidad, sus casos pasarán a la fase de juicio ordinario.

Esta imputación se produce tras la revisión de recursos presentados por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Procuraduría, quienes habían solicitado una nueva evaluación sobre la gravedad de las pruebas contra los acusados.