$7.000 millones para fortalecer la política antidrogas y transformar las cárceles

El Ministerio de Justicia de Colombia ha anunciado una inversión de 7.000 millones de pesos para impulsar diversas iniciativas en el ámbito judicial, con el objetivo de mejorar la política antidrogas, garantizar los derechos de las comunidades étnicas y avanzar en la humanización del sistema carcelario.

Según la ministra de Justicia, Néstor Osuna, esta suma será destinada a tres áreas clave: la creación de campañas educativas sobre el consumo de drogas, la realización de consultas previas con comunidades indígenas y afrodescendientes y la mejora de las condiciones en las cárceles del país.

La mayor parte de los recursos, aproximadamente 3.500 millones de pesos, se destinarán a campañas de prevención y sensibilización contra el consumo de sustancias psicoactivas, particularmente dirigidas a jóvenes en riesgo de caer en el consumo. Este programa incluirá la producción de material informativo, conferencias educativas y actividades en colegios y comunidades, con la finalidad de disminuir el consumo de drogas en el país y promover hábitos saludables.

En cuanto a las consultas previas, el Ministerio de Justicia destinará otros 2.000 millones de pesos para garantizar la participación activa de las comunidades indígenas y afrocolombianas en la toma de decisiones sobre proyectos que puedan afectarlas. Estas consultas son una obligación legal que busca asegurar que las comunidades estén bien informadas y puedan expresar su opinión antes de la ejecución de proyectos que impacten sus territorios.

Finalmente, con el restante de los recursos, unos 1.500 millones de pesos, el Ministerio buscará continuar con el proceso de humanización del sistema carcelario, mediante la mejora de las infraestructuras penitenciarias y la implementación de programas de reintegración social para los reclusos. Se pretende que los centros penitenciarios ofrezcan condiciones más dignas para los internos, promoviendo su rehabilitación y reinserción en la sociedad.

Esta inversión forma parte de una serie de acciones estratégicas para modernizar y mejorar el sistema de justicia en Colombia, en un momento clave para la lucha contra el narcotráfico y la mejora de la calidad de vida de las personas privadas de la libertad.