¿Quién teme a la justicia colombiana?

La justicia en Colombia parece tener dos caras. Por un lado, condenas ejemplarizantes como la de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien fue sentenciada a más de cinco años de prisión por actos de vandalismo durante el paro nacional de 2019. Y por otro, casos de personajes involucrados en corrupción millonaria, como Emilio Tapia, que pese a su reincidencia, acceden a beneficios judiciales como la casa por cárcel o la libertad condicional.

El caso de Epa Colombia se volvió emblemático no solo por su fama en redes sociales, sino por la dureza del fallo: delitos como daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación del transporte público. Lo grave, más allá de los hechos, es que aceptó cargos con agravantes que, según expertos, no fueron bien asesorados legalmente, lo que derivó en una pena más severa.

Mientras tanto, Emilio Tapia, protagonista de múltiples escándalos de contratación como el del Carrusel de la Contratación y el escándalo de Centros Poblados, ha sido condenado más de una vez por corrupción, y aún así ha recibido trato preferencial. Recientemente, la justicia le otorgó libertad condicional, a pesar de las dudas sobre su resocialización real y su responsabilidad fiscal pendiente.

¿Por qué quien daña una estación de TransMilenio paga más que quien se roba el presupuesto público?

La pregunta es incómoda, pero revela un sistema judicial que castiga con más dureza los delitos cometidos por ciudadanos comunes o figuras mediáticas sin poder político, mientras que quienes tienen recursos, contactos y abogados experimentados logran beneficios legales.

Otros ejemplos no faltan: políticos condenados por corrupción que obtienen detención domiciliaria por supuestos quebrantos de salud, o que se acogen a figuras como el principio de oportunidad para evitar sanciones ejemplares.

Más allá del caso de Epa Colombia, el problema de fondo es un sistema judicial que parece castigar con mayor severidad la protesta social que el saqueo del Estado. Esto evidencia una justicia desigual, en la que la resocialización y la proporcionalidad de las penas son principios que se aplican con sesgo.

Casos como el de Epa Colombia deben ser leídos más allá del personaje: son síntoma de una justicia que no siempre es ciega. En un país donde la corrupción cuesta vidas y oportunidades, y aún así recibe penas blandas, el debate sobre la reforma judicial y carcelaria se vuelve urgente. No solo se trata de castigar, sino de hacerlo de manera justa, proporcional y sin distinción de poder o influencia.